El 'Govern' se arriesga a ser inhabilitado por el referéndum

El Constitucional anula la resolución que lo impulsaba, pero Neus Munté reitera que la consulta se convocará este año.

Las tensiones por el referéndum aumentan en Cataluña. Según fuentes jurídicas, el Constitucional anuló ayer la resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, aprobada el pasado 6 de octubre. Esta resolución instaba al Gobierno catalán a convocar un referéndum independentista en 2017, pactado o no pactado con el Gobierno del Estado.

Ahora, tras esta anulación, el tribunal notificará su decisión a numerosos cargos públicos; entre ellos al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a todos los consellers. También entregará personalmente el auto a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y a todos los presidentes de la mesa.

Estas notificaciones, que ya se produjeron en diciembre cuando el Constitucional aceptó a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno, complican que los miembros del Ejecutivo de la Generalitat puedan argumentar, si se produjera un juicio futuro, que desconocían que estaban desobedeciendo al Tribunal.

Esta falta de conocimiento es el alegato, que, por ejemplo, ha utilizado la defensa de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega durante el juicio por la consulta del 9-N. La Fiscalía, sin embargo, ha mantenido su petición de inhabilitación para los encausados.

Aunque a partir de ahora cualquier paso adelante que facilite el referéndum puede impulsar una acusación por parte de la Fiscalía y un posible juicio por desobediencia, con penas de inhabilitación para los miembros del Gobierno de Cataluña, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté adelantó ayer que seguirán adelante con él. De hecho, durante los últimos meses, la CUP -que apoya al Gobierno de Carles Puigdemont- ha defendido que el referéndum debería adelantarse en el caso de que se produzca la inhabilitación de Forcadell. La presidenta del Parlament está imputada por permitir la votación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, que instaban a impulsar la ruptura, a pesar de la advertencia del Constitucional.

Asimismo, el 27 de febrero, el Supremo juzgará a Homs por el 9-N.