Moody's amplía las dudas sobre la política catalana en plena fractura interna de JxSí

Tres de tres. Apenas seis meses después de que los votos de Junts pel Sí y la CUP sacaran adelante la moción rupturista en el Parlament, todas las grandes agencias de calificación crediticia mundiales han reducido la nota de crédito de Cataluña. La comunidad catalana es la única con una triple calificación de bono basura, afianzada el jueves noche al nivel de países como Bangladesh, Angola o Nigeria y al borde de la quiebra técnica. Con esta calificación, Cataluña tendría dificultades extremas para financiarse en los mercados, como es el caso de Grecia, que está fuera desde 2010.

Para la agencia, Cataluña tiene un problema de salud financiera y destaca que la Generalitat ha fallado en sus intentos de refinanciar de corto a largo plazo una serie de créditos (valorados en 1.600 millones de euros) a los bancos.

Sin embargo, su mensaje es de calma, y lo es gracias al FLA. Moody?s asegura que no ve ningún problema en la transferencia de fondos desde el Gobierno central al autonómico, lo que quiere decir que el Ejecutivo central ha hecho sus deberes. En marzo, cuando S&P rebajó su calificación, explicó que dejaba abierta la puerta a una nueva reducción si las tensiones Barcelona-Madrid crecían. Entonces, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que se reuniría con las diferentes firmas para explicarles la situación, fue entonces cuando se inició una ronda de reuniones bilaterales entre Oriol Junqueras y Cristóbal Montoro con Soraya Sáenz de Santamaría e incluso entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy.

Otra actitud para el diálogo

Estos encuentros comienzan a ser incluso habituales. La semana pasada, Montoro y Junqueras se encontraron en una jornada celebrada en la patronal de grandes empresas catalanas, Fomento del Trabajo. El ministro de Hacienda en funciones aprovechó el encuentro con periodistas para lanzar el key message de que el Gobierno respaldaría los importantes vencimientos de deuda a los que se enfrenta Cataluña. Sin buscar lecturas políticas oportunistas a estos acercamientos (inteligente para evitar que los mercados penalizaran la prima de riesgo española). En paralelo, el Govern ha puesto tierra de por medio con sus socios en la legislatura, la CUP, y cada vez hace guiños más evidentes a otros partidos para que les ayuden a sacar adelante el proyecto de Presupuestos .

El pasado jueves, en la XXXII Reunión del Círculo de Economía, Puigdemont defendía que él nunca había "conjugado" el verbo desobedecer y, aunque algunas fuentes sostienen que este discurso no lo defiende en todas las plazas, la realidad es que él no era ni candidato a la presidencia de la Generalitat cuando, el 9 de noviembre, Junts pel Sí y la CUP sacaron adelante la declaración rupturista del 9-N, en la que se dejaba la puerta a desobedecer cualquier ley que impidiera el proceso independentista.

Sin embargo, en los albores de una nueva campaña electoral, es difícil hacer lecturas claras de la intencionalidad de los movimientos de los políticos, pero parece que Junts pel Sí y, especialmente, Convergència están tratando de poner distancias con la CUP. Una alianza que fue útil para evitar unas nuevas elecciones y convertir a un desconocido Puigdemont en president, pero que está teniendo un importante coste en la credibilidad de Cataluña en los entornos económicos.

Fitch fue el que dio la voz de alarma en noviembre, cuando advirtió del grave paso que se estaba dando con la declaración rupturista y aprobó su rebaja de rating.

Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern y conseller de Economía, quitó hierro a las rebajas de rating ayer en las reunión anual del Círculo de Economía "porque las calificaciones sólo tienen sentido cuando se tiene control total sobre los ingresos y los gastos". Pero no todos comparten su opinión. Algunos de los participantes en la jornada preguntaron al vicepresidente si no le preocupaba tener la misma nota de riesgo que países como Bangladesh. Por otra parte, y aunque los datos publicados sólo nos hablan de moderación en el crecimiento, todavía se desconoce el impacto que la declaración del 9-N ha podido tener en las inversiones extranjeras. Junqueras sostuvo el viernes que la tasa se mantiene, pero desde el sector empresarial señalan que es complicado saber cuáles se han frenado o han decidido realizarse en otros lugares. No sólo por el proceso independentista y la inseguridad jurídica que generó la declaración del 9-N, sino también por la incertidumbre sobre quién gobernará en España.

Un socio complejo

La CUP, para muchos, está teniendo demasiado peso en el equilibrio de poder del Ejecutivo de Cataluña. Sin ser un socio, sólo gracias a sus votos, JxSí ha logrado formar un Gobierno. En la negociación de ese acuerdo, ya se pudo ver que la formación, con una estructura asamblearia, era notablemente diferente a lo que es un partido tradicional, incluso en su funcionamiento. Además de antisistema, la formación anticapitalista ha hecho bandera de la desobediencia y la ha puesto como una de sus condiciones sine qua non para seguir brindando su apoyo en cuestiones clave para el Gobierno catalán como son los Presupuestos.

La presión que ejerce la CUP sobre el actual Govern es tan grande que, en una parte de las filas convergentes, y ante la imposibilidad de sacar adelante unos nuevos Presupuestos, se atisba un hipotético adelanto electoral en otoño. De hecho, los anticapitalistas ya han aprobado una moción interna para "desligarse" del acuerdo con Junts pel Sí, y han adelantado que no darán su apoyo al proyecto de Presupuestos presentados esta misma semana "por no ser desobedientes ni rupturistas". Fuentes políticas señalan que es posible que, aunque se anticipe una ruptura total, al final, se llegue a un acuerdo, pero el debate parlamentario se anticipa tenso y contaminado por las elecciones generales del 26-J. Oriol Junqueras reconoció ayer que no se puede asegurar que, de aprobarse, esto no se produzca hasta septiembre. Y, si no es con la CUP, con otros partidos va a ser díficil por dos cosas: porque habría que abandonar la hoja de ruta independentista, y porque los posibles aliados -en principio CSQP y el PSC-, tam bién están pidiendo cambios fiscales.

En principio, está previsto que todos los partidos presenten enmiendas a la totalidad. Joan Coscubiela, portavoz de CSQP en el Parlament, lo ha confirmado a elEconomista, así como que presentarán la próxima semana una propuesta para reformar el Impuesto de Sucesiones y colocarlo en los niveles de 2010. Para Coscubiela, los Presupuestos no demuestran nada de cambio y "están en la línea" de los anteriores Gobiernos convergentes.

Tensiones internas

Pero el Govern no sólo tiene problemas con su socio anticapitalista: la propia JxSí es un polvorín interno con fuertes fricciones entre Convergència y ERC. Mientras el equipo de Junqueras es el único que mantiene una cierta sintonía con la CUP, como en la subida del IRPF a las rentas más altas a cambio de una rebaja a las medias y bajas, CDC cada vez alza más el tono y mantiene la distancia con los cuperos, a la vez que modera el discurso de la desconexión que inició Artur Mas.

Otro de los puntos más conflictivos entre CDC y ERC es el del macrocomplejo de ocio y juego BCN World, que a pesar de haber reducido el peso de los casinos en el proyecto, sigue sin generar consenso.

En todo el desaguisado gubernamental, también ha irrumpido el doble escenario electoral para las generales, donde Esquerra Republicana ha rechazado coaligarse con Convergència tanto para el 20D como para el 26J. Y es que el partido que lidera Artur Mas se encuentra en un proceso de refundación que desembocará en un nuevo partido con unas nuevo nombre para olvidar la corrupción estructural que ha salido a la luz en los últimos años. Convergència está en declive, y prueba de ello son sus resultados en las pasadas elecciones generales, donde sacó los peores resultados de su historia incluso con una fórmula para esconder sus siglas.

Sin paz social

Esta misma semana ha surgido el último problema para el Govern, y que ha aguado la celebración del primer aniversario de Ada Colau en la alcaldía de Barcelona. El desalojo del denominado Banc Expropiat, donde diversos grupos del barrio de Gràcia (Barcelona) estaban como okupas en una antigua sede de Catalunya Caixa, ha provocado un nuevo cisma.

Mientras la CUP apoya a los desalojados y repudia a los Mossos d? Esquadra por las desenfrenadas cargas policiales de las últimas noches, también han dejado en evidencia al consistorio de la capital catalana.

La CUP ahora pide el cese del director de los Mossos, Albert Batlle, como otra de las condiciones para mantener las relaciones con JxSí. Colau, por su parte, que condenó unos hechos similares antes de ser alcaldesa, está ahora entre la espada y la pared. Todos los grupos le increpan su poca contundencia.