Montoro avisa, Junqueras 'da el plante' y Romeva actúa

El debate sobre la financiación es inacabable. Mientras las autonomías piden más flexibilidad, el Gobierno debe demostrar a Bruselas que es intransigente en las reformas para cumplir el objetivo de déficit, que España sobrepasó por ocho décimas en 2015.

El resultado es que la economía española necesita recortar el gasto en 2.000 millones. De hecho, de este total, unos 950 millones provendrán de la reducción de gasto las partidas de los ministerios de Economía, Industria, Energía y Turismo y Fomento.

Como representante de la Generalitat, no acudió Oriol Junqueras, que ya había advertido que veía inaplicables los ajustes. Para justificar su ausencia, alegó que estaba de viaje 'económico' en Roma entre otros quehaceres, por lo que envió a su 'ministro' de Exteriores Raül Romeva en su primera misión diplomática.

En medio de los intercambios de declaraciones del mundo político, las empresas se dedicaron a rendir cuentas y ejecutar operaciones pendientes. Como Caixabank, que alcanzó un acuerdo con Isabel Dos Santos, que le permitirá comar el control de la entidad portuguesa BPI. Un camino largo y tedioso que finalmente ha llegado a buen puerto, aunque todavía no se han publicado los pormenores del acuerdo y el banco luso continúa suspendido de cotización.

Asimismo, Abertis celebró su junta de accionistas, y una de las cosas más destacadas fue que adelantó datos sobre la evolucionando de la duración media de la vida de su cartera de autopistas, así como sobre el tráfico durante el primer trimestre. La compañía, presidida por Salvador Alemany, está batiendo sus expectativas en lo que a tráfico de vehículos se refiere. Además, Alemany explicó ante los accionistas que se iban a comenzar a estudiar alternativas a la tradicional retribución en acciones, que todos los años realizada a través de una ampliación liberada. Su transformación supondría un cambio histórico.

Finalmente, la alcaldesa de Barcelona también volvió a demostrar su fuerza imponiendo sanciones a dos inmobiliarias por mantener sus pisos vacíos y desalojar a personas sin ofrecerles ningún tipo de alquiler social. Precisamente, el Govern anunció lo que ha recaudado con la Ley 24/2015 con el gravamen de los pisos vacíos durante más de dos años propiedad de grandes tenedores como bancos o fondos.