La Generalitat despide a Rosell, responsable de adjudicaciones del 3%

La Generalitat se ha 'deshecho' de Josep Antoni Rosell, ex director general de Infraestructures.cat, entidad encargada de adjudicar obra pública. Rosell fue detenido junto con el tesorero de CDC, Andreu Viloca, en los registros que hubo en las sedes del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont, conocidos como Operación Petrum.

Mediante un comunicado, el departamento de vicepresidencia explica que "la decisión del Consejo de Administración se justifica por la pérdida de confianza para la nueva etapa". Este despido se produce después de que Puigdemont se mostrara reticente a prescindir de Rosell en la sesión de control del Parlament cuando Catalunya Sí que es Pot calificó de "temerario"mantenerlo en el cargo.

Sin indemnización

En todo caso, el despido no comportará ningún tipo de indemnización, ya que según fuentes de la conselleria de Economía, que, por la pérdida de confianza "no se le va a pagar nada", aunque por ley podría corresponderle algún tipo de finiquito. Según ha podido saber el Economista, aunque Rosell mantenía el cargo de director general, durante la anterior legislatura su contrato pasó de ser de alta dirección a ordinario, por lo que podría recurrir a la justicia para cobrar una indemnización. Esa indemnización correspondería al tiempo que le restaba de contrato, o según algunas cláusulas de su contrato, que fuentes cercanas aseguran, "no nos consta".

Después de los registros, Rosell estaba dentro del organigrama de Infraestructures.cat, pero no con funciones directivas. Justo un mes después, el presidente de este organismo público, Joan Lluís Quer, presentó su dimisión pese a desvincularla del caso. Quer por su parte está imputado por otro caso, relacionado con la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Rosell por su lado, estaba 'apartado' de su puesto de trabajo por las investigaciones. Investigaciones que se saldaron con la apertura de una caja fuerte y varios maletines donde Rosell escondía 80.000 euros, según explicaron fuentes judiciales. Este montante de dinero está vinculado al cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Así lo atestiguó en su día el juzgado de El Vendrell (Tarragona).