La Generalitat reclama donaciones a las suministradoras para financiar su plan de choque social

Menos de una semana de Govern y las promesas y condiciones que Junts pel Sí garantizó a la CUP ya aprietan. La consellera de la presidencia y portavoz de la Generalitat, Neus Munté, hizo un llamamiento a las empresas de servicios públicos y les instó a hacer aportaciones a las arcas públicas. Estas donaciones servirían para financiar el plan de choque social que pretende mitigar la pobreza energética entre otras medidas.

Este plan está cifrado en 270 millones de euros, y en teoría, debería aplicarse de forma inmediata. Este montante también serviría para luchar contra la pobreza infantil o realojar a familias desahuciadas. Aunque Munté aseguró ayer en una entrevista en Catalunya Ràdio que esta partida es "ampliable", siempre en función de la colaboración económica de las empresas suministradoras de agua, luz y gas. La portavoz dijo que estas empresas "tienen que tener un mayor compromiso social y hacer aportaciones de unos 10 millones de euros, como las que hace la administración catalana".

Una condición en la sombra

Otra de las promesas de Junts pel Sí a la CUP que se había mantenido en secreto hasta ayer, es la retirada de la Generalitat como acusación particular en siete procesos judiciales.

Estos pleitos se interpusieron por la vía penal a activistas por diferentes sucesos como disturbios callejeros en la huelga general del 2012, el desalojo del centro okupa de Can Vies en 2014 o los sucesos del Parlament en 2011, cuando miles de personas se reunieron a las puertas del Parlament para vejar a los diputados y diputadas de la cámara.

El único antecedente similar es la retirada masiva de acusaciones particulares que protagonizó el Ayuntamiento de Barcelona con la llegada de Ada Colau y la victoria de Barcelona en Comú.