Acciona cifra en 295,9 millones la compensación mínima por la expropiación de Aigües Ter Llobregat
Sumaría los daños y perjuicios si el Supremo corrobora la rescisión de la concesión.
Acciona cifra en 295,9 millones de euros la compensación mínima que la Generalitat de Cataluña tendrá que satisfacer a la sociedad Aigües Ter Llobregat Concessionària de la Generalitat de Catalunya en el caso de que el Tribunal Supremo corrobore la anulación de la concesión para la construcción, mejora, gestión y explotación de las instalaciones que constituyen la red de abastecimiento Ter-Llobregat, que da servicio a 4,5 millones de ciudadanos. El grupo de controla la familia Entrecanales posee el 39 por ciento de la sociedad concesionaria, en la que también participa la entidad financiera brasileña BTG Pactual y varias familias catalana como los Godia y los Rodés.
En concreto, Acciona estima que, hasta el 30 de noviembre pasado, y de acuerdo a los derechos reconocidos en el pliego y en el contrato de concesión, la parte no amortizada del canon inicial asciende a 281,2 millones. El 27 de diciembre de 2012, el grupo que preside José Manuel Entrecanales desembolsó 298,65 millones por este concepto, por lo que en estos tres años ha amortizado 17,4 millones. Asimismo, la parte no amortizada de las obras, instalaciones y otras inversiones realizadas hasta la fecha por la concesionaria asciende a 4,4 millones, mientras que los gastos adicionales derivados del contrato suman 10,3 millones, según una respuesta remitida por Acciona a la CNMV.
Estas cantidades se elevarían considerablemente por los daños y perjuicios que Acciona reclamaría si se produce la terminación anticipada del contrato, que contempla una duración de 50 años y está valorado en unos 1.000 millones.
La adjudicación de ATLL a Acciona estuvo rodeada de polémica desde el principio. La Generalitat eligió a la compañía de los Entrecanales por ofrecer un precio del agua más bajo que la propuesta que presentó Agbar. La firma barcelonesa, sin embargo, recurrió al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) y le dio la razón. El Govern y Acciona acudieron entonces al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el pasado verano dictaminó que la adjudicación debía ser anulada por la existencia de vicios ocultos en el procedimiento de licitación. Entonces, la Generalitat cifró en 326 millones la indemnización que debería desembolsar por ATLL.
El Gobierno de Artur Mas, Acciona, a través de su filial Acciona Agua, y BTG, a través de la sociedad Aigües de Catalunya, recurrieron el fallo ante el Supremo, cuya resolución se espera para mediados del próximo año.
La privatización de ATLL es uno de los asuntos que se ha elevado en los últimos meses a las negociaciones entre la CUP y Junts pel Sí para formar Gobierno en Cataluña.