El Constitucional suspende la ley catalana de horarios comerciales como pidió el Gobierno
La ley catalana de horarios comerciales ha quedado suspendida después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo central. El viernes 21 de noviembre el Consejo de Ministros acordó recurrir la normativa catalana al considerar que vulnera la legislación estatal, ya que establece un régimen horario más restrictivo que el que recoge la normativa del Gobierno.
La suspensión automática del recurso no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el TC resolverá en próximas fechas. El Gobierno, Parlament, Congreso y Senado tienen un plazo de 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones, después de que el alto tribunal les trasladara ayer su decisión.
El Constitucional informa que si bien la Generalitat tiene competencia para dictar su normativa autonómica y la ordenación de su comercio interior, debe tener en cuenta los límites establecidos en el artículo 149 de la Constitución, que concede al Estado la competencia para dictar normativa básica en la materia.
Cinco meses
La Generalitat establece un máximo de 72 horas de apertura comercial a la semana, y según el Gobierno contraviene la regulación estatal, que fija que esta limitación tiene que ser como mínimo de 90 horas.
El Ejecutivo de Rajoy también argumenta que la ley catalana excluye del horario comercial general a los establecimientos comerciales de venta personalizada o en régimen de autoservicio, cuando su superficie de exposición y venta no supere los 150 metros cuadrados, una disposición que "va contra lo establecido por la legislación básica, que define que los establecimientos que tengan una superficie inferior a 300 metros cuadrados gozarán de plena libertad horaria".
Tras conocer la decisión del Gobierno de recurrir la normativa catalana, el consejero catalán de Empresa y Empleo, Felip Puig, pidió al sector comercial que cumpliera con la ley catalana de horarios comerciales. El Govern se reunió la semana pasada con los representantes del sector para alcanzar un pacto social y sectorial que permita mantener el modelo catalán ante la liberalización que plantea el Estado.
Ahora, el TC deberá decidir en el plazo máximo de cinco meses si levanta o no la suspensión.