Sobre la actual situación en Cataluña

En los muchos artículos y debates que suscita el intento secesionista y la reivindicación del derecho a decidir por una parte de los representantes políticos y parte del pueblo de Cataluña, conviene recordar que el pueblo catalán ya ejerció este derecho al votar la Constitución, actualmente vigente, con más del 90% de votos afirmativos, porcentaje de los más altos, sino el que más, entre las CC.AA.

 Y que también se decide cuando se vota lo que se puede votar. Pero esta Constitución no contempla una soberanía parcelada ni el derecho a decidir unilateralmente la autodeterminación de una región porque proclama que la soberanía recae en la totalidad del pueblo español.

Se puede aducir que esta Constitución requiere una revisión y puesta al día, pero no consta que la Generalitat de Catalunya, ni el Parlament hayan planteado modificación alguna de manera formal y sí promovido declaraciones y propuestas al margen de la misma. Y en ello estamos. Convendría recordar este hecho fundamental en la argumentación y debates por parte de los que no aceptan el independentismo y menos aún como se está planteando.

Es obligación de los ciudadanos acatar la Constitución y del Estado hacerla cumplir a través de sus Instituciones y Autoridades democráticamente elegidas. Y el Gobierno de la Nación asume este mandato, como no podía ser de otra manera.

La propia Constitución establece el procedimiento a seguir para su reforma, pero los secesionistas de CDC y ERC no contemplan este camino para sus aspiraciones y si lo hacen PSOE y PSC proponiendo un modelo federalista.

Los promotores del independentismo proponen una consulta al pueblo catalán, que pretenden que sea legal solicitando y obteniendo autorización del Parlamento o del Gobierno, cabe suponer que sobre la base de que su resultado no sea vinculante y únicamente informativo, pero esta autorización parece del todo improbable.

Y todavía hay otra alternativa consistente en una renovación pactada, dentro del marco constitucional, del modelo de organización territorial, redefiniendo competencias y un sistema más equitativo de financiación de nacionalidades y regiones y sus respectivos estatus. Y a eso parece estar abierto el Presidente del Gobierno. Quizás la figura de las nacionalidades, que no están formalmente atribuidas, podría ofrecer a Cataluña, y quien sabe si a alguien más, un encuadre diferencial, no solo cultural y lingüístico, sino también competencial y financiero, más acorde con su peculiar entidad. Sería cuestión de negociar con mutua buena voluntad buscando consensuar un acuerdo que evitara el trauma de un indeseable y penoso alejamiento.

Volviendo a la posibilidad de una eventual consulta, parece claro que la mayoría del pueblo catalán está completamente desinformado sobre lo que sería la Cataluña independiente, porque nadie le propone esta reflexión. En su lugar, se apela a los sentimientos identitarios, a rebuscar victimismo en una historia trucada, a declaraciones improvisadas y poco solventes y a promover manifestaciones festivas, que demuestran la voluntad política de desviar la atención sobre la pésima administración autonómica achacándola a culpabilidades ajenas, con el señuelo de una independencia que no se explica con seriedad. Y, desgraciadamente, también demuestra la inmadurez popular que se apunta a ciegas a cualquier flamear de banderas que no sea la de España.

Los que silenciosamente no participan de este fervor secesionista ni de euforias gratuitas se hacen preguntas que de momento nadie plantea y, por tanto, nadie contesta.

Qué tratamiento daría una Cataluña independiente a los catalanes que quisieran seguir siendo españoles, manteniendo su residencia en Cataluña?

Por ejemplo, en cuanto a de derechos y deberes, a fiscalidad, que se presume que sería muy elevada, y a la Seguridad Social, si le fuera transferida. De quién y qué garantías ampararían las prestaciones médicas y sociales y el cobro de sus pensiones?

La cuestión no es baladí y viene a cuento por la muy precaria situación financiera de Cataluña cuya deuda pública actual supera los 50.000 millones de ? y subiendo, con una calificación de Bono basura, lo cual sugiere expectativas de elevados tipos de interés por parte de los mercados, si nos prestaran, que ya veríamos. De momento, es más fácil y barato recurrir a España que ya es el principal acreedor de la deuda catalana (34%).

Pero es que, además, en un supuesto Estado catalán independiente, a la deuda actual autonómica habría que añadir la parte alícuota que le correspondería de la deuda pública española en el momento de la separación -actualmente cerca ya de los 900.000 millones de ? (*)- y que algunos expertos cifran entre 100 ó 110 mil millones adicionales.

En total, la deuda pública inicial para la Cataluña independiente se estima que podría ser del orden de los 150/160.000 millones de ?, con ajustes, y no parece creíble que España renunciara a recuperar su parte. Cómo afrontaría Cataluña el pago de esta deuda? La opinión de algún economista catalán de que ésta y cualquier otra deuda con España podría no pagarse por aquello de que ?España nos roba? es tan simple como peligrosa, pues podría dar lugar a pleitos indeseables y, además, los mercados tienen el oído fino incluso para afirmaciones tan destempladas y podrían no prestarnos. Quién financiaría entonces la independencia de Cataluña?.

El temor de los catalanes reflexivos a ver comprometidos su futuro, sus puestos de trabajo, sus inversiones, sus ahorros, incluso puede que sus saldos bancarios -como ha ocurrido en otras aventuras secesionistas-, a soportar una presión fiscal abrumadora y a unas expectativas empresariales de gran incertidumbre, parece bastante justificado.

Incertidumbres aún más importantes se ciernen en cuanto a cúal sería la posición que adoptaría la Unión Europea ante el nuevo Estado secesionista, siendo previsible una exclusión inicial y un proceso más o menos largo de observación y estudio antes de decidir la readmisión. Inquietante es también no saber cúal sería la actitud del BCE respecto al Euro. Lo cierto es que hasta ahora nada firme se ha concretado, aunque hay opiniones de dignatarios europeos que no abonan el optimismo oficial catalán.

Poniéndonos en lo peor -ley de Murphy- intentar fletar un nuevo Estado sobre una base tan frágil sin despejar previamente las incertidumbres que la provocan y sin cuantificar, siquiera por aproximación, las que serían importantes e ineludibles exigencias de inversión y gasto propias de un Estado independiente, sugiere el ensimismamiento de los impulsores de esta iniciativa secesionista que en opinión de muchos se debe al deseo personal de pasar a la historia y, de momento, perpetuarse en el poder sin ?estorbos? imponiendo políticas de ?pensamiento único? y hurtando a la población información seria y esencial sobre el proyecto y las problemáticas que en tantos aspectos comporta.

Plantear una consulta sin información previa y seria a la población sería un fraude democrático injustificable. Y si los promotores de la idea se inhiben de informar, alguien tendría que hacerlo. Parece lógico que los políticos de la oposición en primer lugar, pero también la sociedad civil española y más aún la catalana, a través de sus instituciones y de aquellas personas con conocimiento y capacidad de exponer, informar y argumentar de forma serena y objetiva sobre los riesgos que para la vida y el futuro de los ciudadanos comportaría la independencia. De forma tal que, si hubiera consulta, la gente tuviera oportunidad de formar opinión y votar con un mínimo de solvencia y responsabilidad. A esta noble tarea todos debemos sentirnos invitados. Tal es el modesto propósito de estas cuartillas escritas a vuelapluma. Incitar a la reflexión, guardando respetuosamente los sentimientos de amor al país, que siempre estarán vivos en cualquier circunstancia.

Y una última consideración. Empequeñecerse separándose de algo más grande no parece la fórmula más idónea para afrontar los retos que impone un mundo globalizado y ferozmente competitivo. Además, los siglos de convivencia entre España y Cataluña han creado un tupido entramado de raíces y lazos familiares, de amistad, de sentimientos e intereses compartidos, muy estimables y fructíferos por ambas partes que merecen un respeto y una renovada continuidad con ambición de mejora y puesta al día.

Romperlos de un tajo sería un trauma para mucha gente que prefiere la concordia y la buena voluntad de entendimiento -que es posible y deseable- frente a la ruptura y la separación.

Insistir, por tanto, en la predica independentista de forma atolondrada y voluntarista a base de convocatorias populistas y sin considerar con seriedad las dificultades internas e internacionales que presenta y su posible conflictividad, ni la inviable complejidad de un eventual Estado propio en plena crisis, es un ejercicio de irresponsabilidad que, en cualquier caso, augura un panorama de precariedad o de frustración para los partidarios de la independencia, si ésta no prospera, que los ciudadanos de este país no se merecen.

No es, pues, el momento de rebuscar en la historia agravios y motivos de rencor sino todo lo contrario. Aparquemos por ambas partes la autoestima y la autocomplacencia -muchas veces injustificada- y engrasemos el motor de la autocrítica constructiva -probablemente un tanto oxidado- para reconocer errores y suplir los desencuentros de familia con inteligencia y sin violentar la legalidad, buscando nuevos consensos con atinada imaginación para un acomodo común que propicie una remozada convivencia en armonía y prosperidad.

A los políticos corresponde la máxima responsabilidad. Bajen, por favor, de sus respectivos pedestales y jueguen con "fair play" a ser realistas, eficaces y honestos en lo que piensen, propongan, hagan y digan. Piensen en el bien y el futuro de los ciudadanos y no en sus particulares ambiciones. Y aparquen también las rigideces y las utopías que son malas consejeras. Si así proceden, el apoyo ciudadano no les ha de faltar. El camino hacia el futuro no se presenta fácil y aquello de que la unión hace la fuerza sigue siendo una gran verdad.

*** Artículo facilitado por Xavier Sedó, miembro del consejo editorial de elEconomista en Catalunya.