La Generalitat compensará a Acciona si se anula la adjudicación de ATLL
La Generalitat de Cataluña no quiere ni plantearse los efectos que podrían tener para sus arcas una posible anulación de la adjudicación de Aguas Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona. Según confirmaron fuentes del Gobierno catalán, la Generalitat debería compensar a Acciona según está contemplado en la ley de contratos públicos de Cataluña.
Además, debería abonar los 300 millones de euros que desembolsaron Acciona y sus socios (al banco brasileño BTG Pactual y las familias catalanas Rodés y Godia) a finales del ejercicio 2012, una operación que resultó clave para que el Gobierno de Mas pudiera hacer frente a sus obligaciones y pagar las nóminas de los funcionarios.
Las mismas fuentes no concretan qué cantidad final debería abonarse a la compañía presidida por José Manuel Entrecanales. "Dependería de muchos factores, pero sobre todo, del motivo que se alega para cancelar el contrato". El Ejecutivo catalán comunicó formalmente el pasado mes de julio a Acciona que en el contrato firmado con la compañía está contemplada una compensación si finalmente la adjudicación es revocada. El propio Entrecanales ya había comentado en junta de accionistas que recuperaría su inversión si los tribuanles anularan el contrato.
En defensa de la adjudicación
Desde la Consejería de Economía de la Generalitat, como desde la de Territorio y Sostenibilidad, se defiende la validez de la adjudicación a Acciona, ya que revocarla para dársela a Agbar, el otro competidor, tendría "gravísimos perjuicios para la hacienda pública". El Govern adjudicó ATLL al consorcio de Acciona a finales de 2012, en detrimento de Agbar. Desde entonces el proceso está en los tribunales, pero esa operación permitió a la Generalitat computar los 1.000 millones de euros que se abonarán en 50 años (de éstos 300 ya recibidos).
El último capítulo del proceso de venta de esta empresa es la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo para preservar la adjudicación de la gestión de Aigües Ter-Llobregat al consorcio formado por Acciona Agua y BTG Pactual. La Generalitat decidió dar este paso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimara los recursos de la Generalitat, ATLL y Acciona contra la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC). La resolución del OARCC dejaba sin efecto la oferta de Acciona en la adjudicación de la gestión de la ATLL, por lo que el TSJC refrendaba la decisión el OARCC de que la oferta de Acciona no es admisible.
En su resolución el TSJC exponía que "el estado actual de las cosas lleva a una primera hipótesis consistente en que el servicio sea concedido a la segunda licitante (Aguas de Barcelona) que abonaría el mismo importe que en su día aportó Acciona. Si esta hipótesis no prospera, el servicio deberá ser objeto de nueva licitación", concluyó el tribunal.
ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua desde las cuencas de los ríos Ter y Llobregat hasta los depósitos municipales de Barcelona y su área metropolitana, para lo que cuenta con cuatro grandes plantas potabilizadoras, desalinizadoras, depósitos y 900 kilómetros de tuberías, y su privatización es la mayor emprendida el Gobierno catalán.