La Generalitat decidirá en diez días sobre la gestión de Aguas del Ter
La adjudicación de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona se ha convertido en un auténtica patata caliente para la Generalitat catalana. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó las medidas cautelares solicitadas por el Govern por un lado y por Aguas de Barcelona (Agbar) por el otro, de forma que ahora el Ejecutivo catalán sólo dispone de diez días para tomar un decisión sobre la adjudicación.
La Generalitat puede optar por recurrir el fallo y llevar el caso al Tribunal Supremo o asumir lo que dicta el TSJC y ejecutar la resolución del órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) sobre Aigües Ter-Llobregat (ATLL), lo que supone suspender la adjudicación de esta sociedad a Acciona y la devolución de los 1.000 millones de euros que la empresa abonó a la administración catalana.
Según indicó ayer el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, la devolución de esta cantidad no sería ningún problema para las arcas catalanas ya que en caso de retirar la adjudicación a Acciona se traspasaría de forma automática a Aguas de Barcelona, que fue la otra sociedad que presentó oferta en el concurso. "El efecto sobre nuestro déficit de 2012 sería neutro", sentenció Mas-Colell. Sin embargo, no se descarta que Acciona pueda pedir una indemnización por daños y perjuicios a la Generalitat en caso de que se le retire la adjudicación.
Aunque ninguna fuente oficial quiso confirmarlo ayer, lo más probable es que los servicios jurídicos de la Generalitat opten por recurrir el fallo y mantener a Acciona al frente de la gestión de ATLL. De hecho, ayer se conoció que la sección quinta de la sala contencioso administrativo del TSJC ha desestimado los recursos presentados por la Generalitat, pero en paralelo también desestimó otro recurso interpuesto por Agbar en el que solicitaba como medida cautelar que se apartara a Acciona de la gestión hasta que hubiera una resolución firme sobre el fondo de la cuestión. El rechazo de esta medida cautelar supone que Acciona puede quedarse al frente de la gestión hasta que se resuelva el recurso que, muy probablemente, presentará el Ejecutivo catalán.
Comparecencia parlamentaria
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, defendió ayer la "transparencia y profesionalidad" de la mesa de contratación en el proceso de privatización de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y anunció que la Generalitat recurrirá "posiblemente en casación". Vila compareció ayer en el Parlament para explicar el proceso de concesión de la gestión de la ATLL junto al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, quien justificó el proceso en la necesidad de reducir el déficit público de la Generalitat y nutrir las maltrechas arcas de la Generalitat y sanear la compañía, que arrastraba unas pérdidas acumuladas de 128 millones en cinco años y una deuda total de 850 millones.
"No se podían atender las necesidades generadas por las pérdidas de la empresa. Y se necesitan inversiones para garantizar las calidad del suministro de la red que ahora no se podían hacer y hará la concesionaria", sostuvo. El titular de Economía aseguró que la crisis ha hecho imposible que se pueda cumplir con el plan del tripartito para sanear la compañía y hacerla viable en 2021.