Cataluña

El PP de Cataluña cede y ofrece una financiación "singular" a Mas

    La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. <i>Foto: Archivo</i>


    El PP de Cataluña (PPC) registró ayer en el Parlament una propuesta alternativa a la declaración de soberanía acordada por CiU y ERC que será debatida en la cámara catalana el próximo 23 de enero. El texto reconoce la singularidad de Cataluña y propone un sistema fiscal ventajoso, pero siempre dentro de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

    En concreto, la propuesta de resolución registrada por el portavoz del PPC, Enric Millo, prevé un "nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, que represente un modelo propio, con capacidad normativa, dentro del régimen común de la Lofca".

    El modelo de los populares se basa en cuatro puntos. El primero, "el incremento de los impuestos cedidos y de la participación en la cesta de impuestos estatales". El segundo, "el establecimiento de fórmulas de colaboración entre la Agencia Tributaria de Catalunya y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de la totalidad de los impuestos propios, cedidos y transferidos".

    En tercer lugar, también reclama "respetar el principio de ordinalidad, que garantice el mantenimiento de la posición catalana respecto a su propia renta per cápita después de aplicar los mecanismo de nivelación". Finalmente, pide "garantizar el principio de solidaridad, entendiendo que ésta debe ser finalista para no perjudicar la capacidad de crecer y competir de la economía catalana".

    Financiación

    Según el PPC, los ingresos que genere este nuevo sistema de financiación deben destinarse a sufragar las políticas básicas del Estado de Bienestar, políticas de fomento del crecimiento y el empleo, así como el cumplimiento de la legislación catalana en materia de limitación del déficit y reducción del endeudamiento. De igual manera, establece que la Administración catalana deberá de hacer partícipes de una parte sustancial de tales ingresos a las corporaciones locales.

    La formación que preside Alicia Sánchez Camacho considera que la Generalitat debe priorizar la salida de la crisis, generar más ocupación con medidas concretas y conformar un gran pacto catalán a favor del empleo. Para ello, defiende una nueva política industrial basada en la internacionalización, la investigación y la innovación, una mejor formación de los trabajadores, un mayor acceso a la financiación de autónomos y pymes, y una simplificación de la burocracia.

    Con esta propuesta, el PPC se desmarcó ayer de las cinco formaciones (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y PSC) que han presentado propuestas de resolución sobre una declaración de soberanía y el "derecho a decidir" de Cataluña. Los populares catalanes sitúan "fuera de la ley" la declaración de soberanía que CiU y ERC registraron ayer, en la que ya no hablan de Estado propio de la UE, pero sí del "derecho a decidir".

    El euro por receta, sin efecto

    El tira y afloja que han mantenido el Gobierno y la Generalitat por la aplicación del euro por receta en Cataluña se ha saldado por el momento a favor del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo contra el cobro del euro por receta, lo que implica la suspensión de la medida de forma cautelar durante cinco meses.

    El copago farmacéutico, que el gobierno catalán denominó ticket moderador, fue una de las medidas que se aprobaron en los Presupuestos catalanes de 2012 como vía para lograr ingresos adicionales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy indicaba en su recurso que la medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alegaba que las comunidades no pueden incidir en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149 de la Constitución. Por este motivo, también van a recurrir la tasa que quiere aplicar la Comunidad de Madrid.

    La Generalitat avanzó que presentará alegaciones ante el Tribunal por la suspensión del euro por receta, una medida que dejará de aplicarse de inmediato. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, defendió la tasa y apuntó que "la estadística oficial" pone de manifiesto que la Generalitat hizo bien en aprobarlo el año pasado. Según sus cálculos, gracias al euro por receta, ha habido "un ahorro del 20 por ciento en el gasto asociado a la emisión de recetas". Homs ya avanzó que su retirada impactará en las finanzas catalanas.

    Desde que se puso en marcha la medida el pasado junio, la Generalitat catalana ha recaudado 45,7 millones, lo que supone unos 7,6 millones de euros mensuales. Según la Consejería de Salud, durante la segunda mitad del año se ha logrado un descenso en el número de recetas expedidas por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) próximo al 21 por ciento. Una vez transcurridos los cinco meses, el tribunal debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta.

    Por otra parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, confirmó ayer en el Senado, como adelantó elEconomista, que Cataluña es la comunidad autónoma con mayor inversión de Fomento entre 1996 y 2012, por un importe que asciende a los 23.856 millones de euros.