Montoro intervendrá 2.000 pueblos que no han hecho planes de ajuste
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer en Barcelona que el Gobierno tomará el control sobre los presupuestos de 2.000 ayuntamientos. Se trata de todos aquellos municipios que se acogieron al Plan de Proveedores que puso en marcha el Gobierno para que los municipios pagaran las facturas atrasadas a sus proveedores y que no han hecho planes de ajuste porque se han declarado incapaces de hacer frente a los pagos futuros, tal y como exigía el Gobierno.
Aunque el ministro de Hacienda ha evitado en todo momento utilizar la palabra "intervención", explicó que "de los más de 4.000 ayuntamientos que se han acogido al Plan de Proveedores, hay casi 2.000 ayuntamientos que no pueden hacer frente a ese plan y lo que haremos es que, los presupuestos de esos ayuntamientos los tendrá que hacer el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas en sus elementos básicos".
En paralelo a estos ajustes presupuestarios, el ministro explicó que el Gobierno ya está trabajando en una reforma de las administraciones públicas españolas y que los primeros afectados serán "los municipios y las diputaciones". Montoro adelantó que "para este verano, antes de vacaciones", el Gobierno tendrá a punto el plan para los entes locales españoles. El objetivo de la reforma es que las administraciones locales españolas no realicen actividades "que no pueden" por competencias o por recursos disponibles, así como que no se dupliquen con otros niveles de administración.
Privatizaciones en Cataluña
El ministro, que participó en una conferencia organizada por el Círculo de Economía en Barcelona, desveló que el Gobierno está negociando con la Generalitat de Cataluña "la privatización de determinados ámbitos de servicios públicos" dentro de un plan de ajuste. "Seguimos trabajando con la Generalitat en su plan para que quede completo y para que sea fiable, sea creíble y sea realista, también en lo que se refiere a políticas que a través de la privatización de determinados ámbitos de servicios públicos puedan completar la consecución del objetivo de déficit público", afirmó Montoro. Cataluña, igual que el resto de comunidades autónomas, necesita del visto bueno de Hacienda a su plan de ajuste en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para este jueves 17. El ministro no desveló a qué ámbitos afectarían estas privatizaciones. Cataluña debe reducir su déficit público del 3,72 por ciento del PIB de 2011 hasta el 1,5 por ciento a finales de este año. Esto supone un ajuste de entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros.
En la conferencia, Montoro argumentó que el elevado nivel de deuda y de déficit de la economía española hace que el dilema entre crecimiento y reducción del déficit "no tenga sentido" en España, ya que "no hay más remedio" que hacer ajustes para rebajar el déficit público. Explicó que, a diferencia de otros países, que se plantean "si dar primacía al crecimiento o al (la reduccción) déficit, con nuestras cifras en la mano no tiene ningún sentido" este debate. "Podemos debatir la velocidad, cómo hacerlo para no perjudicar más a la evolución de la economía, debatir las políticas, pero no hay otra que reducir el déficit público", sentenció Montoro.
En su opinión, aunque España no formara parte de la Unión Europea tendría que reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos de las administraciones públicas, ya que "debiendo lo que le debemos a Europa y al resto del mundo, o pagamos o los mercados nos van a hacer el ajuste". Según sus cálculos, España (entre el sector público y el privado) debe hacer frente este año a vencimientos por valor de 130.000 millones de euros y otros 110.000 millones en 2013. Para intentar edulcorar algo sus mensajes, Montoro recordó que en las próximas semanas el Gobierno inyectará 27.000 millones para el pago de facturas a los proveedores, lo que supondrá un "importante inyección de dinero" para la economía.
Críticas al Banco de España
Ya en el turno preguntas, el ministro de Hacienda criticó con dureza al actual gobernador del banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que atribuyó la mayor parte de la responsabilidad de haber permitido a la banca española el exceso de endeudamiento al que ahora no puede hacer frente. Adelantó que en breve "recuperaremos la supervisión bancaria fuerte, como hemos tenido durante muchos años en España".
Montoro también se refirió a la reforma financiera aprobada por el Gobierno el pasado viernes y admitió que se trata de un reforma low cost, hecha con los recursos públicos "de los que ahora disponemos". En su opinión, lo idóneo hubiera sido realizar esta reforma financiera hace cuatro años, cuando la recaudación no había caído y el sector público disponía de un colchón de recursos que ahora ya no tiene. Recordó que desde el inicio de la crisis, España ha perdido 60.000 millones de recaudación de impuestos, "el 6 por ciento del PIB, mientras que en otros países el retroceso sólo ha sido del 1,5 por ciento".