CiU planea una consulta popular en 2013 para impulsar su demanda de pacto fiscal
El referéndum, no vinculante, utilizará los datos del padrón para esquivar la autorización del Estado
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, planea la celebración de una consulta popular en Cataluña para que la ciudadanía opine sobre la propuesta de pacto fiscal que CiU incluye en su programa de gobierno. Esta propuesta pretende reducir al menos a la mitad el dinero que los catalanes pagan al Estado en concepto de impuestos y que luego no regresan a Cataluña en concepto de servicios, inversiones u otros gastos. La diferencia entre estos dos conceptos, según CiU, asciende cada año a 16.000 millones de euros, el equivalente al 8 por ciento del PIB catalán.
Los nacionalistas consideran que esta situación, que se arrastra desde hace más de 25 años, penaliza a los ciudadanos catalanes y ha frenado el crecimiento de una de las regiones más ricas de España en beneficio de otras que durante las últimas décadas han mejorado mucho su nivel de bienestar a cargo del dinero que ha aportado Cataluña al Estado. Lo cierto es que ese discurso, con el que Mas ganó la presidencia de la Generalitat, ha calado hondo en la sociedad catalana, tanto entre los votantes de CiU como los que no lo son.
Por ese motivo, CiU aprobó hace unas semanas un proyecto de ley para realizar consultas populares en Cataluña que tiene como objetivo final celebrar un referéndum popular sobre el pacto fiscal a primeros de 2013. Este proyecto, denominado Ley de Consultas no Referendarias, pasó su primer trámite en el Parlamento catalán el pasado miércoles. Es previsible que la tramitación parlamentaria no tenga problemas, ya que en este tema CiU cuenta con el apoyo explicito de ERC, lo que le otorga mayoría absoluta en la cámara.
Una vez se apruebe la ley, CiU tendrá vía libre para celebrar una consulta popular que no será vinculante, pero que, según los nacionalistas, "tendría un gran valor político, porque sería la manifestación de la voluntad del pueblo catalán". Todas las encuestas estiman que los votantes catalanes votarían mayoritariamente a favor de la reducción del déficit fiscal que propone CiU.
Para esquivar la necesaria autorización del Estado a la hora de celebrar consultas populares, la ley que ahora se tramita no utilizará el censo electoral sino el padrón municipal.
Presionar al PP
Artur Mas confía en esta consulta popular y en un resultado favorable al pacto fiscal para negociar con Mariano Rajoy desde una posición de fuerza. La mayoría absoluta que el PP logró en las últimas elecciones generales recortó casi por completo el papel de partido bisagra que tradicionalmente había desempeñado CiU en el Congreso y, consecuentemente, su fuerza negociadora es mucho menor. "Con un resultado muy mayoritario a favor del pacto fiscal, Rajoy tendría que posicionarse contra Cataluña y eso le costaría muchos de los votos que ha tenido aquí", señalan fuentes de la formación política.
La propuesta de CiU consiste en que la Generalitat recaude la totalidad de los impuestos que pagan los catalanes y luego acuerde con el Estado el importe que debe abonar la autonomía en concepto de pago de servicios comunes y solidaridad con el resto de comunidades autónomas.