La sanidad autonómica ahoga a las pymes

Varias autonomías tienen presupuestos irreales en Farmacia, como el de Cataluña, un 43 por ciento inferior al gasto real de 2011. Los empresarios piden que se abonen las facturas de 2012 en plazo y se fije un calendario de pagos para el resto.

La empresa valenciana Dismeval, dedicada a la distribución de productos sanitarios, recibió la semana pasada una transferencia de 25.000 euros del Gobierno de Murcia, que no sirvió para evitar el despido dos de sus ocho trabajadores. Hace cuatro meses despidió a otros dos, y los seis empleados que quedan han reducido jornada y sueldo. La transferencia correspondía a una factura de 2008. "No podemos más, de Murcia tengo facturas de 2008 y 2009; la Generalitat valenciana me debe un millón de euros y ahora me ha pagado 10.000, después de muchos meses", lamenta su gerente, Carmen Carrión. En el mismo caso están miles de pequeñas y medianas empresas -las que no han cerrado- proveedoras y contratistas de las 19 administraciones sanitarias autonómicas. No son todas, pero algunas de la más importantes vienen utilizando a los sectores sanitario y farmacéutico en los últimos años para financiar el gasto en Sanidad, con plazos de pago cada vez más largos y sin abono de intereses.

La deuda de las sanidades autonómicas, incluidas Ceuta y Melilla, con las empresas ascendía al acabar 2011 a 15.700 millones de euros, según el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (Idis), formado por grandes grupos de hospitales y seguros médicos. Los afectados son laboratorios farmacéuticos, empresas de tecnología sanitaria, oficinas de farmacia y hospitales concertados. Otros 4.100 millones de lo que Idis llama "deuda oculta" corresponderían a cientos de pequeñas empresas que venden productos y servicios a las administraciones sanitarias, como la citada Dismeval, con lo que el montante ascendería a casi 20.000 millones. Según Idis, las autonomías deberían pagar unos 930 millones a las empresas en concepto de intereses anuales de demora, según lo establecido en la nueva Ley de Morosidad, pero, de momento, no pagan nada. No obstante, las reclamaciones judiciales pueden ser un problema añadido para las comunidades, ya que cada vez más afectados están anunciado el recurso a esta vía para reclamar intereses de demora y costes financieros. Es el caso de la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública, que agrupa a una treintena de pymes valencianas a las que se adeudan más de 300 millones, o el Colegio de Farmacéuticos de Valencia.

Las pequeñas empresas y los farmacéuticos son los que más sufren con los impagos. En el caso de las farmacias, Castilla-LaMancha, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía han reconocido que tienen problemas para pagar. Como explica el vicepresidente del Col.legi de Farmacèutics de Barcelona, Fransesc Plà, los retrasos -65 días en el caso catalán- suponen costes financieros, y "a las farmacias pequeñas y con pocos recursos les afecta más". Aunque los 65 días de Cataluña, los 42 de Andalucía o los más de tres meses de Valencia parecen una nimiedad al lado de los dos, tres y hasta cuatro años que pueden tardar en cobrar empresas de otros subsectores sanitarios, lo cierto es que para muchos boticarios es inasumible un retraso de más de dos meses, ya que registran facturaciones mensuales que en muchos casos superan los 100.000 euros que deben financiar como autónomos, por lo que los bancos les exigen garantías inmobiliarias, es decir, que hipotequen su vivienda. Así ha ocurrido en Valencia y Castellón, donde Banco de Valencia y CAM financiaron a través de los colegios el primer mes impagado -120 millones-, pero los dos siguientes corrieron a cargo de cada farmacéutico, con los consiguientes costes financieros. Al contrario que en Valencia y Cataluña, en Andalucía es la Junta la que se hace cargo de los costes del préstamo de 315 millones que los ocho colegios han tenido que pedir para paliar el retraso del pago de las facturas de noviembre y diciembre. Por ello, el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos de Andalucía -3.500 boticas- asegura que, viendo lo que está ocurriendo en otras regiones, pueden considerarse casi unos privilegiados.

Presupuestos irreales

Los problemas de pago a las farmacias en algunas regiones se reproducirán, con total seguridad, a finales de 2012, debido a la deficiente financiación de los presupuestos de estas comunidades. Más de 1.000 millones de euros es la diferencia entre el gasto real en farmacia del total de autonomías y el dinero presupuestado para 2012. La palma se la lleva Cataluña, con un 43,6 por ciento menos, seguida de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha. Esta práctica no es nueva, pero en los años de bonanza no se notaba porque desviaban presupuesto de otras partidas a final de año. En el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y, sobre todo, Castilla y León, que ha presupuestado un 18 por ciento más de lo gastado el año pasado.

A pesar de que las 1.913 boticas castellano-leonesas cobran a 30 días, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León, Jesús Aguilar, cree necesario reflexionar sobre la sostenibilidad del sistema. "Hay que buscar la eficiencia, porque cuando un enfermo toma un medicamento no es por propia voluntad, sino porque se lo prescribe un médico", señala. Lo dice en una región cuyo coste medio por receta es uno de los más altos de España (ver mapa), dos euros por encima de Andalucía, lo que indica -factores poblacionales aparte-, que el resultado de políticas de ahorro como los genéricos es dispar. Afortunadamente para las haciendas autonómicas, el gasto farmacéutico en España descendió un 8,78 por ciento en 2011, hasta 11.910 millones, gracias a medidas de ahorro como los citados genéricos o los recortes de márgenes, rechazados tanto por los boticarios como por la patronal Farmaindustria.

Al plantearles medidas de ahorro alternativas, a los representantes de los farmacéuticos consultados no les gusta el copago. El presidente del Colegio de Zaragoza, Juan Carlos Gimeno, dice que "los ciudadanos ya participan de una manera u otra en los gastos de farmacia y hospitalarios". Francesc Plà admite que los colegios catalanes son conscientes de que el sistema sanitario necesita recaudar más, aunque considera que el cobro de un euro por receta que ha planteado el Ejecutivo catalán es una medida "difícil de aplicar". La presidenta del colegio de Valencia, Teresa Guardiola, propone la alternativa de aumentar el porcentaje que pagan los usuarios -ahora es el 40 por ciento, excepto jubilados y crónicos-, porque "debido al aumento de pensionistas, en 1989 el ciudadano pagaba de media un 12 por ciento del global de las recetas y ahora estamos en el 5 por ciento".

En el ámbito político, aparte de Cataluña, nadie se plantea el copago. El consejero vasco de Sanidad, Iñaki Bengoa, es contrario a establecer sistemas de copago en recetas o en servicios médicos, ya que estima que iría en perjuicio de la asistencia, especialmente de los enfermos crónicos. Desde una de las comunidades sin problemas de pago consideran que lo que debe hacer la Sanidad es maximizar su gestión, lo que incluiría campañas de concienciación de cómo utilizar correctamente los servicios sanitarios. Bengoa sí es partidario de imponer el llamado céntimo sanitario sobre los carburantes, como ya han hecho muchas comunidades, pero desgraciadamente para él, las competencias fiscales en el País Vasco las tienen las diputaciones, que se oponen a tal medida.

En Galicia, tanto el Gobierno como la federación de farmacias no apuestan por el copago. Desde la Xunta defienden un modelo de sanidad pública, equitativa y única para todos los españoles. El Gobierno de Castilla y León, que paga muy bien a las farmacias pero es uno de los más morosos con los laboratorios y las empresas de tecnología sanitaria, afirma que el problema está en la deficiente financiación que recibe del Estado, lo mismo que el valenciano Alberto Fabra, que mañana pedirá a Rajoy en La Moncloa una revisión del sistema de financiación autonómica.

Algunos gobiernos tratan de reducir la factura con medidas unilaterales, como la Junta de Andalucía, que ha anunciado una subasta para seleccionar los fármacos que dispensarán las farmacias en caso de prescripción por principio activo, decisión que ha sido recurrida por Farmaindustria, porque excluye medicamentos autorizados por el Estado, que es el que tiene las competencias. El Gobierno también estudia recurrirlo.

Farmaindustria: más dinero

La patronal de los laboratorios cree que la solución a los problemas financieros de la comunidades "no pasa por hacer más recortes a la industria", sino por "dotar a nuestro sistema público de salud de los recursos necesarios para acabar con su histórica insuficiente financiación". Según Farmaindustria, España dedica a sanidad el 7 por ciento del PIB, frente al 8,3 por ciento. Además, opina que se debe "gestionar con eficacia y disciplina los recursos disponibles, eliminar bolsas de ineficiencia que aún permanecen en la gestión sanitaria y redefinir la cartera de servicios y prestaciones básicas que debe cubrir el sistema sanitario público y cuáles puede asumir la sanidad privada".

La deuda con los laboratorios aumentó un 36 por ciento en 2011, hasta 6.369 millones, mientras la de las empresa de tecnología sanitaria alcanzó los 5.230 millones, con un plazo medio de pago de 473 días, 841 en la Comunidad Valenciana. Las pequeñas empresas y Farmaindustria piden que no se paguen primero las facturas más antiguas, sino que se normalicen los pagos de 2012 con los plazos legales y que se estudie un calendario para la deuda pendiente. Los afectados esperan con interés las medidas para agilizar los pagos de las Administraciones anunciadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes.