Mena y Cleries comparecen sin dar datos sobre el fraude del RMI

Mena ha remarcando que a partir septiembre "se volverá a pagar por transferencia y se harán informes anuales de las prestaciones, como marca la ley, para hacer un seguimiento y poner en marcha proyectos de reinserción laboral", porque "ésta no es una renta no contributiva sino de reinserción laboral y social".

Mena ha denunciado que desde hace años no se hacía un seguimiento del programa ni se actualizaban los datos, y que se hacían prórrogas automáticas de la prestación.

Ha explicado que al intentar actualizar los datos fueron citadas más de 2.300 personas y sólo pudieron ser localizadas algo más de 300 porque había miles de cambios de domicilios sin comunicar, a pesar de que la ley obliga a ello y permite suspender la prestación si en un mes los beneficiarios no comunican esos cambios, lo que, ha dicho, "no se ha hecho".

También ha justificado que no son la primera CCAA en revisar esta prestación, porque en el País Vasco ya se ha hecho, y que lo que quieren es "volver a su espíritu original y eliminar la cronificación de una prestación indebida que muchas veces es un desincentivo para la reinserción".

Ha explicado que por recomendación de expertos en bases de datos, y ante la imposibilidad de actualizar la información, en julio se enviaron 34.535 talones nominativos certificados para recabar información a partir de la presencia física de los beneficiarios.

Mena ha dicho que los cheques se empezaron a cobra a partir de 2 de agosto de forma masiva en ventanilla, pero que a partir del día 5 aparecieron maridos, esposas, amigos o familiares de beneficiarios que querían cobrar, aunque en algunos casos los titulares del subsidio habían fallecido.

Ha recordado que a fecha de hoy se han cobrado 27.828 cheques y han quedado sin cobrar 6.707, que suponen el 19,4% de los enviados, por estar los beneficiarios fuera de Cataluña o por otras situaciones. También ha cifrado en 2.600 los titulares que han pedido un cambio de domicilio.

Ha informado de que el programa atiende a 105 nacionalidades y que el 42,2% de las prestaciones las reciben inmigrantes, mayoritariamente marroquíes, más de 9.000, que suponen el 27% de los receptores, seguido de personas rumanas.

Sobre la situación de los expedientes, el conseller Mena ha dicho que en una muestra aleatoria hecha ayer entre 100 de los beneficiaros de esta prestación se han visto muchas irregularidades, como saldos muy elevados en cuentas, ingresos recurrentes superiores al salario mínimo, pagos de peajes en autopistas europeas, personas con pasaportes perdidos o entradas al país en fechas recientes, además de pagos con visas en restaurantes.

El titular de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, ha insistido en que era imposible contactar con los perceptores porque no sabían dónde estaban los beneficiarios, y ha criticado el que a la hora de diagnosticar la realidad de estas prestaciones todos los grupos estén de acuerdo, pero que luego estén en contra cuando se actúa.

Tras asegurar que se está haciendo una apuesta de futuro para devolver la calidad al programa, ha pedido confianza en el enfoque futuro que quiere dar más calidad y responder más a las necesidades porque "el éxito del programa es salir por inserción social o laboral y no seguir en él".

Sobre cuánta gente ha pasado por los servicios territoriales de asistencia social, ha cifrado en 7.757 las persona que han tramitado alguna incidencia, insistiendo en que "el programa es de reinserción y no de prestación".