La Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) considera que la normativa catalana aplicada por la Generalitat al sector del comercio contiene "numerosas restricciones injustificadas a la competencia" y que, además, no ha logrado proteger al pequeño comercio, objetivo declarado por el gobierno catalán para justificar la actual legislación.En opinión de esta autoridad, estas restricciones incluso han dañado a los pequeños comerciantes al ser contraproducentes para fomentar su modernización y especialización, factores "clave" para su supervivencia. En un informe en el que analiza la regulación autonómica de los últimos 15 años, la ACCO considera que la limitación de autorizaciones no ha permitido tampoco a los pequeños establecimientos aprovechar del "polo de atracción" que constituyen los centros comerciales. Consumidores perjudicados Competencia de Cataluña cree que la política aplicada por el actual Gobierno de Artur Mas perjudica seriamente a los consumidores finales, que disponen de menos oferta y deben pagar precios más altos. "Los consumidores son los grandes perjudicados por una normativa comercial restrictiva", asegura la ACCO, y recomienda que, en un momento de crisis como el actual, sería conveniente contar con una normativa "flexible" que no introduzca trabas a la actividad económica. La entidad, adscrita a la Generalitat, critica que las "barreras de entrada" establecidas han dificultado, e incluso impedido, la implantación de nuevos establecimientos, sobre todo los de gran formato. El estudio también critica las restricciones impuestas al ejercicio de la actividad, como por ejemplo la limitación de horarios comerciales o de periodos de rebajas, por entender que merman la capacidad de los operadores para competir. Asimismo, la normativa ha otorgado a los operadores implantados "una serie de privilegios no justificados" y ha mantenido "artificialmente" a los establecimientos "ineficientes" que no se han visto presionados a competir.