La Fiscalía llama a declarar como imputados a altos cargos de la Junta de Castilla y León por dos operaciones urbanísticas

Una veintena de cargos y exresponables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta han sido llamados a declarar como imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid a raíz de la querella de la fiscalía por un presunto delito de malversación relacionado con la compra de terrenos para el polígono industrial de Portillo y para el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, según informa en su edición digital 'El Norte de Castilla'. La Fiscalía investiga si se produjeron pelotazos urbanístico por parte de Gesturcal y Ade Parques.

Entre los llamados a declarar está el actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa y el anterior viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, además de los actuales directores generales de Calidad y Sostenibilidad, José Manuel Jiménez, de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina y de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales. Las declaraciones están previsto que se inicien a partir del 18 de junio.

La Junta optó en 2009 por la compra del edificio de Arroyo, que inicialmente estaba alquilado por un período de 15 años. En total, el Ejecutivo regional pagó 52 millones de euros, aunque la Consejería de Hacienda lo valoraba en 40,7 millones de euros, que tiene una edificabilidad de 35.111 metros cuadrados destinados para oficinas, garajes y zonas de servicios.