Hay que adelgazar el sector público sí o sí
Los datos que aportó la pasada semana la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, explicaban con toda su crudeza el impacto que la crisis ha tenido en las arcas públicas. De 2007 a 2012 los ingresos de la Junta por los impuestos que gestiona han caído a la mitad.
El pasado año, este descenso ha sido mitigado en gran parte por los tributos propios implantados por el Ejecutivo regional (Producción y transporte de energía, tratamiento de residuos y el céntimo sanitario), que han permitido ingresar 120 millones extra. Pero más allá de las cifras, y para alivio del personal, Del Olmo dejó claro que no contemplaba castigar más los bolsillos de empresas y ciudadanos con nuevas subidas impositivas.
El incremento de la presión fiscal nunca ha servido para generar más ingresos sino para desincentivar la actividad económica. Aunque a corto plazo tienen un efecto positivo en la recaudación, a medio plazo el espejismo termina por difuminarse y pasa una costosa factura.
La comparecencia de Del Olmo ha supuesto un punto de inflexión en la política fiscal del Ejecutivo regional. Me atengo a sus propias palabras: "La única manera de curar esta situación es impulsar la economía". Pese a la puesta en marcha con urgencia de estímulos, la difícil situación económica española no permite prever que se comience a generar actividad de forma inmediata y, por tanto, aumenten la recaudación. Los ajustes deben continuar, pero no ya por el capítulo de los ingresos (más impuestos) sino por el del gasto.
Y ahí la consejera tiene margen para meter mano. Los últimos datos publicados por elEconomista sobre los números rojos que tiñen las cuentas de las empresas públicas son esclarecedores. Treinta millones de pérdidas en tres años.
Pilar del Olmo parece dispuesta a coger definitivamente la tijera. No son sólo palabras, sino gestos los que hacen pensar en esta nueva realidad. La decisión de crear un grupo de trabajo para estudiar cómo se puede reducir la administración "paralela" abre un camino que no puede tener marcha atrás.
RAFAEL DANIEL
Delegado de elEconomista en Castilla y Léon