El sector de la construcción mira al capital riesgo para recuperar el pulso
Dos son los frentes en los que trabaja el sector de la construcción para recuperar la actividad. Por un lado, busca fondos de capital riesgo que aporten la financiación necesaria para poder acceder a los proyectos medioambientales subvencionados por la UE y, a la vez, reclama con urgencia a la administración la puesta el marcha del modelo de colaboración público-privada para reactivar la rehabilitación.
El objetivo lograr que "las pequeñas y medianas empresas del sector, que generan el 90% del empleo y están en situación crítica, retomen la actividad", explica el presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso Ortiz.
Según Alonso, España necesita construir antes del año 2015 cerca de 2.000 depuradoras. Son obras que cuentan con una subvención de la UE de un 70 por ciento, que podrían perderse ante la imposibilidad de que las administraciones públicas financien, en el actual contexto, el 30% por ciento restante.
En este escenario, el sector se ha lanzado a captar fondos de capital riesgo para que participen en estos proyectos, una iniciativa en la que ha conseguido embarcar al Gobierno regional. Aunque Alonso reconoce que esta búsqueda "se tenía que haber puesto en marcha hace tiempo" confía en que termine cuajando, aunque para ello reclama también un cambio en la administración. "Ahora tenemos montones de técnicos parados porque no saben qué hacer y tenían que estar estudiando cómo hacer viables estos proyectos", afirma.
Junto a esto, el impulso de la colaboración público-privada ha sido el gran caballo de batalla del presidente de CCLC durante los dos últimos años. Su implantación es "obligada" para poder acceder a un "nicho importante" como es el de la rehabilitación". Aunque para eso se necesitan dos cosas. Una, la aprobación de la ley de Regeneración Urbana, una iniciativa que acaba con el urbanismo expansivo y aboga porque las ciudades crezcan desde dentro, pero que lleva "mucho retraso", dice Alonso.
La otra es encontrar la financiación. "Hay que cambiar la política anterior de los grandes ARIS en los cuales el ciudadano tenía que pagar para hacer las rehabilitaciones y apostar por la colaboración público privada. Es decir, vamos a meter a un constructor que acepte el riesgo, a un banco que financie y a un ciudadano que se comprometa con una pequeña hipoteca a pagarlo en 15 años. Son proyectos viables, fiables y con retorno", afirma. Alonso dice que con esa fórmula "el dinero necesario es muy poco y lo irían pagando los vecinos", aunque lamenta que el modelo vaya con mucho retraso. "El Gobierno tiene que empujar a los bancos, algo que no veo".
Alonso reclama además una participación más activa del sector y la administración en otro de los posibles nichos de negocio: la inspecciones técnicas que deben pasar los 700.000 edificios de más de 40 años que hay. "No se trata sólo de hacer la IT y cobrar 200 euros. Los arquitectos y las administraciones tienen que ofrecer a los vecinos ese plan de rehabilitación, dándoles una tasación con lo que va a valer la vivienda con las mejoras y con un plan de amortización".
Pérdida de la calificación
La falta de actividad en el sector no sólo tiene efectos inmediatos en forma de procedimientos concursales y reducción del empleo. También amenaza con dejar su impronta cuando se recupere la economía. Las empresas de construcción acceden a los concursos públicos gracias a una capacitación técnica que adquieren en función de las obras que realizan.
Con el sector caído en nuestro país, sólo las grandes empresas tienen capacidad para trabajar en el exterior, con lo que las pequeñas y medianas empresas, pueden quedar fuera de los concursos futuros. El sector intenta ampliar el denominado periodo de recurrencia, que ahora está en tres años, a diez.
El presidente de CCLC pide que las facturas de pequeñas obras sean deducibles para acabar con la economía sumergida, que se genera normalmente en los domicilios particulares. "Hay 14,5 millones de hogares en España y a un coste de 5.000 euros en obras al año supone recaudar 60.000 millones de euros. Con bastante menos se reactiva este sector".
No entiendo que en un sector en el que se reduce la actividad entre un 80 y un 90 por ciento nadie haya levantado la voz: ni sindicatos, ni trabajadores ni empresas. Se está aceptando de una manera incomprensible. Cómo es posible que nadie haya dicho nada. Únicamente las asociaciones estamos reclamando que empiece a generarse actividad. Estamos en un momento en el que los recortes y reestructuraciones están llegando no al final, pero paralelamente habría que generar crecimiento. Si el Gobierno no se da cuenta de esto, el país va a la debacle y el sector nuestro va a llegar a términos desastrosos", afirma Alonso.