Un primer paso para reactivar la economía

Control del déficit, reformas estructurales, reestructuración del sistema financiero y medidas concretas tales como evitar duplicidades administrativas, y el pago a proveedores? El camino hacia la recuperación económica de nuestro país está trazado, ahora bien, ¿lo sabremos recorrer con tino?

Hace unos días el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nos reunía a las asociaciones representativas de autónomos, PYMES y empresas y nos desgranaba su plan de pago a proveedores; una de las medidas importantes, de transcendencia y calado, que este Gobierno ha puesto en marcha, por un lado, para inyectar liquidez a la economía y, por otro, para ir acortando la demora que las Administraciones Públicas españolas tienen en el pago de sus facturas a proveedores, y que difieren en más de la mitad con respecto a otros socios europeos.

En 2013, de acuerdo con la directiva comunitaria, todos los países de la Unión Europea deberán abonar sus deudas con los proveedores de bienes y servicios en un plazo máximo de 30 días, 60 para el sector privado. Objetivo complicado de conseguir si tenemos en cuenta que actualmente en España la media de pago a proveedores está por encima de los 150 días, a pesar de que la Ley de Morosidad establece que el sector público debe pagar en 45 días, y en 75 el sector privado.

Parece evidente que, teniendo en cuenta el elevado nivel de déficit con el que se cerró el ejercicio de 2011 (8,51 por ciento del Producto Interior Bruto) y las negras previsiones económicas que hay para este año, cumplir este objetivo se presenta como casi como imposible.

Aplaudimos los empresarios autónomos la medida anunciada por el Gobierno, y que sin duda contribuirá a salvar la situación de muchos negocios que están con el agua al cuello. Pero surgen dudas, sobre todo aquí en Castilla y León. La primera relacionada con las quitas. El objetivo del Gobierno es abonar la deuda completa que tienen tanto las Administraciones locales como autonómicas, pero se les deja a éstas la posibilidad de negociar con empresarios y autónomos. No hay un criterio establecido. Y aquí, ya por el momento, el Gobierno de Herrera ha anunciado que primará el pago de quienes acepten un descuento. ¿Acaso se hará cargo la Administración de los intereses generados por esa demora en el pago?

La segunda está relacionada con la efectividad de la operación, pues esos autónomos a los que se les debe dinero, tienen deudas pendientes que han tenido que contraer con las entidades financieras.

Ahora, lo que esta sociedad necesita es que el dinero fluya, para que así se reactive la economía. Por ello aplaudimos, aunque con la oportuna prudencia que dicta la espera de los primeros resultados, este Plan, que tanto difiere del Plan E aprobado por el Gobierno de Zapatero, que si bien permitió con 8.000 y 5.000 millones de euros entre 2009 y 2010 (ya no quedó nada para 2011) el desarrollo de proyectos municipales de dudosa necesidad, no creó sino un empleo ficticio, cuya duración no fue más allá de la ejecución de la obra. Ahora parece que es bien distinto, que estos préstamos sindicados, avalados por el Tesoro Público, con la contragarantía de los ingresos del Estado de los Ayuntamientos, se crean como un balón de oxígeno para un colectivo, el de autónomos y pequeñas y medianas empresas, que lo que pretendemos, en primer término, es frenar la destrucción de más empleo.

Resulta obvio que este paso dado por la Administración central es importante, como también lo es que se haga un control adecuado para que la iniciativa sea efectiva y eficiente y logre el verdadero objetivo con el que se ha creado: reactivar la economía de una vez por todas.

JAVIER CEPEDANO

Presidente de la Federación de Autónomos de Castilla y León