Las administraciones dejaron sin ejecutar en Castilla y León 45 millones en contratos licitados en 2020

Las administraciones públicas dejaron sin ejecutar en Castilla y León 45 millones en contratos públicos licitados durante 2020, según el Observatorio de la Contratación Pública elaborado por la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras.

Así lo ha explicado el secretario de Acción Sindical de la Federación, Daniel Barragán, quien ha advertido de los "miles de empleos" que se podrían haber generado de haberse ejecutado las cuantías licitadas en los contratosin forma Europa Press.

Así, la Administración General del Estado ejecutó en Castilla y León contratos por valor de 18,5 millones sobre los casi 22 licitados para 2020, mientras que en el caso del Gobierno regional, la Junta ejecutó alrededor de 127 de los más de 155 millones licitados. En el caso de las entidades locales, se ejecutaron en torno a 84 de los más de 97 millones de euros licitados.

Estas cifras suponen, como ha destacado Barragán, una rebaja del 16,3 por ciento de la cuantía licitada inicialmente en contratos públicos en la Comunidad, con su correspondiente impacto en el empleo y en la facturación de las empresas. El 62,2 por ciento del importe no gastado ha sido gestionado por la Junta de Castilla y León aplicando, como media en las adjudicaciones, rebajas del 18 por ciento.

En 2020, en el territorio de Castilla y León se han adjudicado, según datos revisados con fecha 12 de marzo de 2021, un total de 741 contratos, los cuales se han repartido mensualmente, destacando un inicio de año con poca actividad que se ve frenada casi completamente en abril y una reactivación continuada a partir del mes de junio, superando en el último trimestre del año las 100 adjudicaciones mensuales, de acuerdo con el Observatorio.

En relación al reparto de los contratos según la dependencia del organismo, las entidades locales son las que mayor protagonismo han tenido en 2020, adjudicando el 58 por ciento de todos los procedimientos registrados por este Observatorio.

El 42 por ciento restante se reparte en la misma proporción entre la Junta de Castilla y León y los organismos estatales con presencia en este territorio.

Alta presencia local

Esa alta presencia de las entidades locales en el número de procedimientos, como ha subrayado Barragán, se aprecia igualmente en el detalle mensual del reparto de las adjudicaciones donde destacan en casi todos ellos.

Sólo en el mes de junio, la actividad del gobierno autonómico fue mayor y en febrero y marzo fueron los organismos estatales los que superaron aunque con una mínima actividad.

La Junta de Castilla y León ha considerado rebajas netas de un 17,9 por ciento sobre el total licitado. También ha sido ésta la que ha gestionado la mayor parte de la inversión pública en 2020, en concreto ha adjudicado el 55,4 por ciento del total equivalente a 127,6 millones de euros.

Las obras de construcción, el mantenimiento y rehabilitación de edificios e infraestructuras y el suministro de materiales para la realización de los mismos, suponen el 62,5 por ciento del total de contratos del año. Le siguen en peso las actividades de limpieza (con y sin servicios de desinfección específicos) que suman el 15,8 por ciento del total.

El tercer lugar lo ocupa la contratación de carreteras (construcción y mantenimiento) con un 6,7 por ciento de las adjudicaciones en esta comunidad autónoma.

A partir de éstas, con proporciones inferiores al cuatro por ciento, la contratación de servicios de Seguridad Privada, silvicultura, recogida y gestión de residuos, jardinería, servicios profesionales varios y teleasistencia domiciliaria.

En cuanto a la distribución de los algo más de 230 millones adjudicados en 2020, el 58 por ciento (133 millones) se ha dedicado a obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificios e infraestructuras públicas.

Servicios de limpieza

Casi un 15 por ciento (34 millones) se ha invertido en la contratación de servicios de limpieza. El mismo porcentaje e importe ha supuesto la inversión en carreteras.

El cuarto lugar lo ocupan las actividades de silvicultura y gestión y explotación forestal que en esta comunidad autónoma cuenta con un papel relevante y ha supuesto un gasto de casi doce millones.

El resto de actividades en los sectores que representa esta Federación ha supuesto una inversión pública en la región de prácticamente 18 millones (recogida y gestión de residuos, seguridad privada, servicios profesionales, jardinería y teleasistencia domiciliaria).

Respecto a las reducciones aplicadas, es la contratación de actividades vinculadas con la silvicultura y explotación forestal las que han sufrido porcentajes superiores al 25 por ciento, seguido por las actividades de limpieza y demanda de servicios de desinfección que junto con jardinería han resultado adjudicados con precios minorados en un 19,7 por ciento. El cuarto lugar lo ocupa la contratación de obras con un 17,6 por ciento de rebaja.

En el lado opuesto se encuentra la contratación de servicios de teleasistencia domiciliaria cuyo precio de licitación y adjudicación ha coincidido y por tanto no ha existido variación.

Atendiendo a los tres niveles competenciales de los organismos públicos con presencia y representación en el territorio, la Administración General del Estado encabeza las reducciones en la contratación de actividades de jardinería (del 27,8 por ciento), servicios de limpieza (del 18 por ciento) y en seguridad privada (12,4).

La Junta de Castilla y León, por su parte, lidera frente a las otras dos administraciones públicas las bajadas de precio en las adjudicaciones en términos absolutos y específicamente, en silvicultura y forestal, cuyo precio final ha sido en su conjunto un 25,6 por ciento al inicial de licitación.

Gestión de residuosTambién el precio final de la contratación de servicios de recogida y gestión de residuos ha sido un 15,4 por ciento inferior, el de carreteras un 19,2 y el de obras, un 18,7 por ciento menor.

Las entidades locales, por su parte, si bien son la administración pública que ha gestionado un mayor número de procedimientos (el 58 por ciento) no destacan por sus cifras de reducción total en ningún sector, aunque se pueden encontrar ejemplos concretos de importantes rebajas, por ejemplo, en la contratación de obras de construcción o servicios de limpieza.