Banca y finanzas
La juez Lamela impone una fianza de 37 millones a la antigua cúpula de la CAM por las operaciones en el Caribe
- Archiva la causa provisionalmente contra Mataix y Uncio
elEconomista.es
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la apertura de juicio oral en la investigación por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe respecto de once investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
La magistrada les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones por el delito de administración desleal (artículo 295 del Código Penal), y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones por delitos contra la hacienda pública (artículo 305 bis). Declara como responsable civil directo de la primera de las cantidades a Caser y como responsable civil subsidaria de ambas fianzas a la sociedad Valfensal.
En el auto de apertura de juicio oral se acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Dolores Mataix y José Manuel Uncio, al no formalizarse acusación el Ministerio Fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos, y declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos.
Roberto López Abad ya fue condenado a 3 años de prisión por el delito societario continuado de falsedad contable por la quiebra de la caja de ahorro que fue absorbida por Banco Sabadell junto Maria Dolores Amorós, que también dirigió la entidad financiera.
Tras la caída de la CAM se abrieron varias causas penales contra toda la cúpula directiva, tanto por las remuneraciones como por la colocación de participaciones preferentes. Las acusaciones de estafa a gravada, apropiación indebida ,administración desleal y falsedad en documento mercantil por las remuneraciones obtenidas no prosperaron cuando el proceso pasó a la Sala de lo Penal.
La misma juez que hoy propone juzgar a los 14 investigados ya archivó la causa por el quebranto de 467 millones en operaciones inmobiliarias.