La opacidad y la falta de responsables ensombrece la resolución del Popular

El Banco Popular era solvente, pero el martes 6 de junio por la tarde se acabó la liquidez y entre ese día y la madrugada del siguiente las autoridades europeas decidieron intervenir y adjudicar la entidad al Santander. Esta es la historia que han contado tanto las autoridades europeas como españolas en los primeros días, tras la resolución y venta de la que era la sexta entidad financiera española. Pero tan escueta explicación deja, con el paso de los días, algunos puntos oscuros y otros contradictorios, que es necesario aclarar.

¿La liquidez del Popular se acabó de forma súbita?

No. La retirada de fondos se aceleró durante los días previos a la intervención, cuando los títulos del Popular registraban caídas bursátiles, día sí y día también, del 17 por ciento, pero según afirman fuentes financieras, el banco empezó a detectar una salida inusual de fondos tras la celebración de la junta de abril, aquella en la que emilio Saracho habló de una macroampliación o de la venta a otra entidad como solución a los graves problemas del banco. Por tanto, los problemas de liquidez empezaron antes de que se entrara en esos últimos días.

¿No podía pedir una inyección del Banco Central Europeo?

Según aseguró Economía el pasado 7 de junio, al banco se le habían agotado todos los instrumentos ordinarios y extraordinarios de liquidez. Se agotó toda la ELA (emergency liquidity assistance) y, según Economía, no podía pedir más porque no tenía suficiente colateral, es decir, activos que ofrecer como garantía. Sin embargo, el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, afirmó ayer que el banco no ofreció al supervisor español, el encargado de proveer de liquidez de urgencia, todos los activos que podían actuar como garantía, al no poder movilizarlos a tiempo.

¿Podría haber cambiado el fin del Popular si hubiera conseguido más liquidez?

Alonso aseguraba ayer que, en todo caso, al Popular le hubiera quedado poco tiempo. La duda se puede centrar en si hubiera conseguido ELA suficiente para llegar al fin de semana, cuando estaba prevista la intervención y que dos bancos, el Santander y BBVA, presentaran sus ofertas vinculantes.

¿Precipitó la caída el que comunidades autónomas y ayuntamientos retiraran depósitos?

Toda retirada de depósitos agravó la situación. Según los datos publicados por el Santander tras la compra del banco, el sector público controlaba a cierre de 2016, el 6,8 por ciento de los depósitos en balance. Un porcentaje pequeño para llevar al abismo al banco, pero que, en todo caso, la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, anima a que sea investigado por la Justicia española. "Hay ciertamente margen para que la justicia española investigue esos movimientos, para ver si algunas personas usaron información privilegiada para tratar de protegerse mejor que los pequeños depositantes", aseguró. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, considera que la situación del Popular era conocida por todos y no ve necesario esa investigación. Guindos, en la comisión de Economía del pasado lunes, admitió que algunos ayuntamientos y comunidades retiraron "fuertes" cantidades de depósitos, negando que lo hubiera hecho la Seguridad Social. "Están en su derecho a hacerlo, por la protección de sus depósitos", dijo, refiriéndose a ayuntamientos y autonomías que sí lo hicieron.

¿Quién declaró que Popular era inviable?

La propia entidad comunica en la tarde del martes al BCE que no es viable, al reconocer que ni tiene liquidez ni garantías para obtener más. El Popular había presentado al Banco de España garantías insuficientes para obtener más liquidez de urgencia extra. Tras la declaración del BCE se pone en marcha el mecanismo de resolución del SRB que considera que el banco "está en graves dificultades, sin que existan perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado pueden impedir su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable".

¿Marcó el final sólo un problema de liquidez?

Se insiste en que la entidad era solvente y que fue la fuga de depósitos la que ahogó a la entidad, pero el Popular era un banco con graves problemas, por lo que estaba buscando un comprador o la posibilidad de ampliar de nuevo capital. Es cierto que cumplía con los mínimos regulatorios de capital, pero sus niveles ya estaban muy justos y sabía que no podría llegar a los mínimos que se exigían en 2018. Por otro lado, el banco se había convertido en un valor altamente especulativo en bolsa, con más del 12 por ciento del capital en manos de bajistas, y desde el sector se insiste en el deterioro paulatino de su situación de liquidez.

Si la situación del banco era tan delicada, ¿por que no se intervino antes?

Eso es algo que tendrán que responder los organismos supervisores, nacionales e internacionales, que dieron un tiempo al nuevo equipo gestor, que concluía en junio, para encontrar una solución definitiva a los males del Popular. En todo caso, nadie asume responsabilidad alguna. El Banco de España, con labores de supervisión exclusiva sobre el banco cuando suspendió el estrés test de 2012, se escuda en la supervisión única, en vigor desde 2014, para eludir cualquier tipo de responsabilidad. Sin embargo, el exdirector general del Banco de España, Aristóbulo de Juan, dice que el supervisor nacional debería haber actuado antes para evitar su caída, ya que su alta exposición al sector inmobiliario se conocía desde hace nueve años. El BCE, por su parte, declara su inviabilidad por falta de liquidez, no de solvencia. El MUS, dependiente del BCE, asegura que algo habrá fallado en la entidad para llegar a esta situación y recuerda las últimas pruebas de la EBA (Autoridad Bancaria Europea) en las que el Popular, que las aprobó, quedó como el tercer peor banco europeo. Tampoco Economía tiene culpa alguna, y se apresura a decir que este departamento no mide la solvencia. La SRB y el Frob no entran a valorar si hubo fallos en la supervisión del banco, ya que la labor de estos dos organismos se limita a la resolución, es decir, cuando ya se ha extendido el certificado de defunción de la entidad. En definitiva, nadie asume la responsabilidad que se haya dejado al Popular llegar al grado de deterioro final, si bien todos estos organismos se congratulan del éxito de la primera intervención europea y de que los contribuyentes no hayan tenido que poner fondos.

¿El coste privado, para accionistas y tenedores de deuda, acabará en los tribunales?

Accionistas y titulares de CoCos y deuda subordinada ya se están coordinando para reclamar en los tribunales la resolución del Popular. A la ampliación de capital de 2016, el ajuste de las cuentas a cierre de ejercicio y los frenéticos últimos días de cotización, se une las dudas que suscita la materialización de la primera resolución europea.

¿No se ha dado toda la información sobre la resolución?

Hay varios puntos que no se conocen, como por ejemplo, el volumen de fondos que salió los días previos y que provocaron la inviabilidad de la entidad. Pero lo que es criticado por el sector y exaccionistas del Popular es que el informe de Deloitte sobre la valoración del Popular no se ha publicado.

¿Por qué es importante la publicación del informe de la valoración del Popular?

Una resolución debe cumplir los requisitos de concurrencia y transparencia. El informe del experto independiente, Deloitte, determinó que el valor del Popular se situaba entre -2.000 millones y -8.200 millones de euros, según se contemplara un escenario central o uno estresado. Nada más se sabe de esta valoración, salvo que es provisional y en los próximos días o semanas se deberá ratificar, se supone, con otra que tenga carácter definitivo. Esta valoración es crucial, porque en ella se basó la SRB para realizar tanto la amortización de acciones y deuda como para considerar la oferta del Santander.

Según afirmó el Frob, la resolución de una entidad debe respetar el principio de que "ningún accionista o acreedor soportará pérdidas superiores a las que habría soportado si la entidad fuera liquidada en el marco del procedimiento concursal" y explica también que según "la información contenida en la valoración" ni accionistas ni acreedores del Popular soportarán una pérdida mayor. De no ser así, deberían haber sido resarcidos por la diferencia entre lo perdido y el coste que hubieran soportado en el concurso.

¿Habrá explicaciones adicionales?

No hay anuncio alguno en ese sentido, pero es de esperar, por la credibilidad de las instituciones europeas, que se produzca. La AEB, aun defendiendo la resolución, ha pedido transparencia total sobre las medidas que se han adoptado y que han tenido un altísimo coste para accionistas y tenedores de deuda.