Banca y finanzas

El Gobierno de Italia prepara 95.000 millones de euros para rescatar a la banca

  • El Ejecutivo esperará días para ver si MPS logra sacar adelante la ampliación
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Giovanni Vegezzi

El Gobierno de Roma prepara un rescate de la banca que ya roza los 95.000 millones de euros. El anuncio de que MPS, la entidad más problemática, lanzará su ampliación de capital de 5.000 millones no ha parado la labor del Tesoro transalpino, que está listo para intervenir el banco y desplegar medidas para parar el contagio. Paolo Gentiloni dejó claro en su investidura que el Gobierno ?está listo para intervenir y garantizar la estabilidad de las entidades?. A ello contribuye el continuismo, con el ministro Pier Carlo Padoan, nombrado por Renzi, que se ha quedado en el cargo.

El Ejecutivo esperará días, quizás una semana, para ver si MPS logra sacar adelante su operación en dos fases: un canje de deuda subordinada por acciones para inversores particulares y una ampliación para inversores institucionales. De no ser así, el Gobierno aprobaría el rescate con un decreto. La fecha límite, según la prensa transalpina, es el 22 de diciembre, cuando el Parlamento celebra su última sesión antes de Navidad. Ahí Gentiloni pediría a diputados y senadores la aprobación de una actualización de los Presupuestos para añadir el coste del rescate público.

Los analistas siguen indicando como hipótesis más valorada una intervención de 15.000 millones en capital fresco para los bancos más necesitados. De momento, según la prensa transalpina, el Gobierno no parece dispuesto a pedir recursos al Mecanismo europeo de Estabilidad (Mede).

Intervenir cuentas

Roma tendría las manos libres para intervenir entidades sin perjudicar demasiado a los inversores particulares titulares de deuda y de cuentas corrientes con más de 100.000 euros, como prevén las normas europeas del bail-in, es decir, el "rescate desde dentro". Un rescate pagado por los pequeños ahorradores, de hecho, pasaría factura no sólo al Ejecutivo de Gentiloni, sino también a su punto de referencia político, Matteo Renzi, que acaba de dimitir para ir cuanto antes a elecciones anticipadas.

Sin embargo, no pedir dinero al Mede agravaría, y mucho, su situación presupuestaria. El Gobierno de Renzi, que obtuvo el visto bueno a los Presupuestos antes de dimitir, deja un balance en vilo tras la aprobación de nuevos recortes y medidas de estímulo en la campaña electoral. El Eurogrupo ya ha avisado de que Roma tendrá que remediar cuanto antes los desequilibrios en sus cuentas, pero de momento la urgencia de resolver la crisis política y de rescatar a la banca ha dejado en segundo plano el pulso con Bruselas sobre el déficit.

Los 15.000 millones son necesarios no sólo para salvar a MPS, sino también para asegurar el éxito de las ampliaciones de otros bancos en vilo, empezando por Veneto Banca y Popolare di Vicenza (participados por el fondo de rescate privado Atlante).

Además, la entidad que nace de la fusión de dos bancos cooperativos Popolare di Milano y Banco Popolare podría necesitar otra inyección de capital (estimada en 1.000 millones), mientras UBI necesita una cifra parecida para hacerse cargo de cuatro pequeños bancos rescatados a finales de 2015 (los bancos y cajas Etruria, Marche, Ferrara y Chieti).

A estos recursos hay que añadir la garantía sobre la emisión de deuda que Roma ya había negociado con Bruselas en junio: la Comisión de Jean-Claude Juncker concedió a Renzi la posibilidad de otorgar hasta 150.000 millones de garantías públicas a los bancos. Roma estudia usar, de momento, 80.000 millones para sostener la liquidez de las institituciones en caso de nuevas turbulencias en el mercado.

De facto, cuando un banco italiano pida liquidez al BCE ya no tendrá que ofrecer bonos como aval; será avalado por el Estado. A pesar de que no se trata de inyecciones de capital, la medida es un riesgo para la maltrechas arcas públicas: la garantía, según impone Bruselas, se destinará a entidades sólidas, para que no se ven afectadas por las turbulencias. Sin embargo, en el peor escenario, las garantías públicas podría convertirse en nuevas pérdidas para los contribuyentes.