Agencias de 'rating', cuatro décadas de irregularidades

El Gobierno de EEUU decidió el martes tomar una decisión histórica al acusar de fraude a la agencia de rating S&P por su papel en la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Un hecho loable que podría saldarse con el pago de una multa de hasta 5.000 millones de dólares. Sin embargo, las irregularidades de ésta y otras compañías del sector, como Moody's y Fitch Ratings, se acumulan a una larga lista que lleva engordando desde la década de los 70. Las voces de alarma han sido continuas. Incluso desde la Reserva Federal se advirtió en el verano de 2007 de que la credibilidad de las notas estaba "herida".

"Existe bastante humo en la información" que "está muy asociada con la pérdida de confianza en las agencias de calificación de crédito", reconoció el presidente de la Fed, Ben Bernanke, en la reunión del Comité de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del 7 de agosto de 2007. La credibilidad de las agencias "está herida" y por ello "es mucho más difícil ver cómo el mercado es capaz de actuar", matizó Kevin Warsh, entonces gobernador de la Fed, recogen las actas de dicha reunión analizadas por la agencia Bloomberg.

Entre 2004 y 2007, antes del estallido de la crisis de las hipotecas basura que provocó la peor recesión desde la Gran Depresión, S&P emitió calificaciones de crédito sobre hipotecas residenciales por valor de más de 2,8 billones de dólares y de valores respaldados hipotecas por cerca de 1,2 billones, según el Departamento de Justicia de EEUU. El fraude ocurrió cuando la agencia restó importancia a los riesgos de algunos de estos activos para ganar nuevos contratos y generar más negocios con los bancos de inversión que emitieron estos activos tóxicos.

Aun así, pese a que S&P se perfila como una de las piezas clave en el desarrollo de la hecatombe que hizo tambalear los pilares del capitalismo, y se cobró la vida de Lehman Brothers, la actividad de las agencias de calificación lleva en el disparadero casi medio siglo. A muchos expertos les viene a la mente la crisis de deuda sufrida por la ciudad de Nueva York en la década de los 70, una etapa de la historia en la que las agencias no lograron, una vez más, alertar sobre la calidad del crédito de distintos emisores.

Una enfermedad que se ha repetido en varias ocasiones desde entonces, y no sólo con la deuda soberana, estatal o municipal, también con la empresarial. Durante el derrumbe del castillo de naipes en que se convirtió Enron, la compañía energética que marcó un antes y un después en la historia del fraude empresarial en EEUU, las agencias prefirieron vendarse los ojos hasta el final. De hecho, cuatro días antes de que quebrara, su deuda contaba con "grado de inversión" por las principales agencias de calificación de crédito del país.

El informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, que diseccionó las causas de la crisis financiera de 2008, identificó el origen del problema en los ratings de las agencias. "Debido a que las agencias de calificación emiten ratings sobre los emisores de deuda y los bancos de inversión que les generan negocio, están sujetas a un conflicto de interese inherente que puede crear presión sobre dichas agencias a la hora de emitir calificaciones favorables para atraer negocios", reza el documento de más de 600 páginas.

Al mejor postor

La dinámica es sencilla a la par que viciosa. Los emisores y los bancos de inversión realizan "compras de calificaciones", es decir, eligen a la que ofrezca las más altas calificaciones. Este hecho debilita los estándares de calificación que las agencias emiten, pues las más benevolentes suelen hacer más negocio.

Precisamente, y enlazando con el comienzo de las irregularidades de las agencias hace casi medio siglo, los primeros síntomas comenzaron a notarse en 1973, cuando la Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) concedió a alguna de estas entidades la marca de "Organizaciones de Calificación con Reconocimiento Nacional". Entonces estas compañías comenzaron a cambiar su modelo de negocio, que pasó de cobrar a sus clientes por los informes de calificación realizados a cobrar a los emisores de deuda por ser calificados. Una transformación que dio paso a los futuros conflictos de interés registrados desde entonces.

El Gobierno federal de EEUU había incorporado los informes de las agencias a sus decisiones regulatorias desde comienzos de los 30, de ahí que cuando la SEC respaldó a ciertas compañías con su "reconocimiento nacional" muchos emisores de deuda creyeron que ser calificados por estas entidades podría beneficiar su imagen antes sus inversores y competidores.