La segunda de las auditorías a la banca española se retrasará hasta septiembre
Las auditorías a la banca española, que debían concluir a finales de julio, se retrasarán hasta septiembre con el objetivo de conseguir "un examen más exhaustivo", según han informado a varias agencias de noticias fuentes próximas al proceso. Rajoy ve prioritario romper el vínculo entre el rescate bancario y la deuda soberana.
"La decisión de retrasar la segunda parte de la auditoría a las entidades financieras españolas se ha tomado por el comité de evaluación. El objetivo de la medida es poder obtener más información sobre las carteras de créditos sobre una base individual, por lo que se demora todo el proceso hasta septiembre", ha explicado una fuente del Banco de España, que pidió no ser identificada.
El comité de seguimiento, del que forman parte representantes del Ministerio de Economía y del Banco de España, han tomado esta decisión para poder contar con una información más completa sobre el balance de las entidades españolas.
La primera parte de la auditoría, que detallará la cantidad de capital adicional que el sistema bancario requerirá, se publicara el 21 de junio. Se llevará a cabo por los evaluadores Roland Berger y Oliver Wyman.
La segunda etapa de la valoración la realizarán las auditoras Deloitte, PwC, KPMG y Ernst & Young y estaba previsto que se publicara el 31 de julio.
Los ejercicios de valoración analizarán, por una parte, la resistencia del sistema a un fuerte deterioro adicional de la coyuntura económica (1ª Etapa) y, por otra, los sistemas internos de las entidades para clasificar, provisionar y medir los riesgos de sus carteras (2ª Etapa, la realizada por las auditoras).
En la primera etapa, Berger y Wyman tendrán que identificar las necesidades de capital de las 14 mayores entidades en dos escenarios distintos: uno base en función de las estimaciones actuales y uno más estresado "con objeto de calibrar la resistencia del sistema ante hipotéticos desarrollos negativos extremos".
La segunda etapa consiste en la realización de un análisis individualizado y detallado de las carteras crediticias de dichas entidades, en el que se valorarán, entre otras cuestiones, la clasificación y los niveles de provisión de sus carteras crediticias, explica el ministerio.