La intervención de la CAM presiona a las cajas con necesidades de capital

Aviso para navegantes. La intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) venía con mensaje para el resto de entidades en proceso de reestructuración: el tiempo se agota y los plazos de recapitalización que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha dado son máximos.

¿Entonces? Antes del mes de agosto, Miguel Ángel Fernández Ordóñez estaría interesado en evaluar la marcha de los planes presentados por las entidades ante el Banco de España y, en función de su cumplimiento, adelantar o no su decisión de desembarcar en las entidades.

Según fuentes del sector, a lo largo de esta misma semana sería el presidente del Frob y subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, el que mantendría una ronda de contactos con una serie de entidades entre las que estarían Unnim, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Caja Duero-España).

Con la intervención de la CAM reciente, la intención del número dos del Banco de España sería conseguir una lista provisional de inversores o el detalle más aproximado posible de las vías de recapitalización por las que habrían optado las entidades con déficit de capital, así como el cumplimiento a la fecha de los objetivos.

De esta forma, se buscaría meter más presión a las entidades con el fin de no agotar el plazo, que según las mismas fuentes, siempre ha sido "un máximo". De observar cualquier anomalía, el Frob se iría de vacaciones habiendo tomado ya la decisión de entrar en los consejos de administración y nombrar a sus representantes, con el ánimo de intervenir en la gestión de las entidades desde el 1 septiembre.

Las mismas fuentes ven posible que CatalunyaCaixa reciba los 1.718 millones de euros que había solicitado antes del mes de agosto, al igual que Novacaixagalicia, quien pidió 2.622 millones de euros en ayudas públicas y que tras la llegada de José María Castellano a la entidad podría verse reducida en 500 millones de euros.

Unnim es otra de las candidatas a recibir la ayuda pública solicitada. La entidad nacida de la integración Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu busca una solución que de no hallarse podría solventarse con 568 millones de euros públicos. Mientras que del éxito de la integración de Duero-España en Unicaja dependerá de que la castellana reciba 463 millones de euros.