La oposición critica que sea una empresa externa quien realice la auditoría
El Govern ha acordado hoy autorizar al departamento de Economía la licitación y adjudicación, mediante un concurso público, de una auditoría para evaluar las finanzas de la Generalitat dejadas por el tripartito, para lo que se gastará 1,2 millones de euros.
La portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Laia Bonet, ha considerado la contratación de una auditoría externa una demostración de "doble desconfianza" por parte del Ejecutivo de Artur Mas hacia el estado de las cuentas que le entregó el ex presidente José Montilla en primer lugar, y hacia "el personal de la propia casa", en segundo.
De este modo, Bonet ha mostrado su "preocupación" por el hecho que el gobierno requiera un "elemento de profesionalidad externa procedente del sector privado" para aportar credibilidad a unos datos que las propias instituciones del país ya tienen.
En respuesta a las críticas de la oposición, el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, ha manifestado que las críticas que se dan a la contratación de la auditoría externa, "deben ser a consecuencia de un desconocimiento" sobre lo que un estudio de estas características representa.
Turull ha mostrado "toda la confianza" de su grupo hacia los funcionarios de la Generalitat, pero ha añadido que es necesaria la realización de un estudio independiente, en el que el Govern no sea "arte ni parte".
Lejos de buscar la polémica, la portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, considera el encargo de la auditoría como un hecho de "normalidad institucional" que a su grupo no le genera "ningún tipo de intranquilidad".
Camats ha añadido que los órganos pertinentes de la Generalitat "deberían ser suficientes" para realizar este tipo de estudio que desde ICV-EUiA no ven "necesario", pese a no oponerse a él.
El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Oriol Amorós, ha pedido al Govern que busque en el consenso con el resto de partidos catalanes la fuerza de sus argumentos en vez de "encargar auditorías con ánimo de revancha".
Por su parte, los subgrupos del Grupo Mixto, Solidaritat Catalana per la Independència (SI) y Ciutadans (C's) han coincido en el mensaje que la auditoría debería ser realizada por un organismo público como la Intervención General de la Generalitat.
Enric Millo, en nombre del grupo parlamentario popular, ha sido el único portavoz de la oposición que ha defendido el hecho que la auditoría la realice una empresa externa, al considerar necesario que el estudio sea "neutral y objetivo", especialmente tras las cifras contradictorias ofrecidas por "los que gobiernan y los que gobernaban".
Para Millo, la auditoría "llega tarde" y lo prioritario para el Govern debería ser "tenerla antes del debate parlamentario sobre los Presupuestos para el 2011", ya que en caso contrario sería una mala inversión.