Banca y finanzas

La última reforma de la Ley de Cajas de Castilla y León entra hoy en vigor



    Valladolid, 18 dic (EFE).- La última reforma de la Ley de Cajas de Castilla y León, para adaptarla a los procesos de fusión o de integración, ha entrado en vigor hoy, el mismo día en que Caja de Burgos puede decidir sumarse a una alianza con Caja Navarra, Caja Canarias y Sa Nostra de Baleares.

    El Boletín Oficial de CASTILLA (CAS.MC)y León publica hoy la Ley de Medidas Financieras o de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad para 2010, aprobada ayer por las Cortes autonómicas, que incluye una reforma de la normativa sobre las cajas de ahorros.

    La Ley de Medidas Financieras entrará en vigor el próximo 1 de enero, pero la disposición relativa a la reforma que afecta a las cajas está en vigor desde hoy, según se explica en el Boletín.

    El consejo de administración de Caja Burgos celebrará a mediodía una reunión extraordinaria para debatir su posible integración en un grupo financiero junto a Caja Navarra, Caja Canarias y probablemente también la balear Sa Nostra.

    En concreto, este grupo consistiría en un sistema integrado de protección (SIP), que permite mantener la personalidad jurídica de cada caja y una gestión independiente en sus zonas de negocio, pero mejorando el acceso conjunto a los mercados de capitales y ahorrando costes.

    La Junta de Castilla y León defiende un primer paso de integración de las cajas de ahorros de la propia Comunidad, para posteriormente buscar acuerdos con entidades de otras comunidades.

    La reforma aprobada ayer por las Cortes de Castilla y León, con el consenso de todos los grupos políticos, modifica la Ley de Cajas de la Comunidad para adaptarla tanto a procesos de fusión, como el emprendido por Caja Duero y Caja España, como de integración de estas entidades en grupos financieros o contractuales.

    Este cambio, que modifica el último texto legal, de junio de este año, establece que será la Junta quien autorice cualquier "alianza o integración" en un "sistema institucional de protección" de una entidad financiera con domicilio social en la Comunidad.

    De este modo, se extiende a los procesos de integración la preceptiva autorización de la Junta que hasta ahora la Ley de Castilla y León solo establecía para casos de fusión.