La consulta sobre la OPA del BBVA a Sabadell instiga al Gobierno vasco a mostrar su postura

Un año después de que el BBVA lanzase su OPA el 9 de mayo de 2024, la operación sigue bloqueada. Y cuando parecía que entraba en su recta final con su aprobación por parte de la CNMC el pasado 30 de abril, se abre ahora una nueva arista que podría hacer peligrar los planes de Carlos Torre Vila.

Carles Puigdemont, desde su posición actual como líder de Junts, ponía en cuestionamiento que el Gobierno de Pedro Sánchez fuese a frenar esta fusión, pero, independientemente de que resulten ciertos o no sus vaticinios, lo cierto en estos momentos es que se lo están pensando.

Tanto es así que hace unos días, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunciaba su deseo de conocer cuál es la opinión pública en relación a dicha fusión, y publicaba una consulta popular con el objetivo de recabar la opinión de "ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación". Y, aunque desde el Gobierno central apostillan que no se trata de un referéndum y, por tanto, no será vinculante, aseguran que se tendrá en cuenta para tomar su decisión final, conscientes de la responsabilidad que tienen entre manos.

Entre tanto, algunas voces de la política han aprovechado para emitir abiertamente sus posiciones. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que si se materializa esta absorción sería una "muy mala noticia", haciendo referencia a que "agravaría el problema de concentración financiera que tiene España, agudizaría la exclusión financiera" y conllevaría "despidos de en torno a 5.000 personas.

Compromiso con Euskadi

También esta semana se ha pronunciado el Gobierno vasco, que hasta ahora se había mantenido al margen del proceso. Primero, María Ubarretxena, portavoz del mismo, tildaba esta consulta como un recurso "poco habitual" y mostraba su deseo de que no resultase "contraproducente". No obstante, "teniendo el BBVA su sede social en Euskadi y contando con numerosos accionistas vascos, la pregunta que nos hacemos es, ¿no deberían las instituciones vascas tener algo que decir?", insinuaba.

Pero poco después, el presidente del PNV, Aitor Esteban, cuestionaba el ADN vasco del BBVA, alegando que, "no es un banco realmente vasco", ya que actualmente, en Euskadi, "tiene su sede nominativa y poco más". En este sentido, aprovechó para exigirle mayor compromiso con el territorio: "Queremos más unidades estratégicas en el país, mayor contribución al tejido vasco y mayor aportación también en fiscalidad".

Una filosofía, la del arraigo, en boca del actual Gobierno de Imanol Pradales, heredada de su antecesor, Iñigo Urkullu, firme defensor de la necesidad de mantener las raíces en aras de garantizar la pervivencia de las empresas vascas, fuente de riqueza para el territorio vasco.

No obstante, las palabras de Esteban echando balones fuera, evitando así articular la postura del PNV en esta operación, se contradice completamente con la petición de la portavoz del Gobierno vasco por participar en la misma, por lo que la OPA BBVA-Sabadell podría haber abierto un debate en el seno del partido.

Aunque finalmente no trascienda públicamente el posicionamiento del Gobierno vasco y el PNV, habrá que esperar hasta el próximo 16 de mayo, fecha en la que vence la consulta pública, cuya forma y preguntas han sido muy criticadas, para conocer el resultado general.

Después, el Ministerio de Economía dispondrá de una semana más para analizar las diversas posturas antes de decidir si eleva o no la operación al Consejo de Ministros para introducir condicionantes. De ser así, el Gobierno central tendrá un plazo de 30 días más para emitir su decisión final.