Bankinter e Ibercaja recurrirán el impuesto a la banca mientras CaixaBank y BBVA no lo descartan

La tasa aprobada por el Gobierno para recaudar 3.000 millones de euros en dos años con cargo a los resultados de la banca acabará en los tribunales en menos de tres meses salvo cambios radicales en el tributo en su trámite durante el Senado que el sector no espera. "¿Vamos a recurrirlo? Al día siguiente de pagarlo. Lo tengo clarísimo", avanzó hoy la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, durante el XIII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión, una iniciativa que prevé adoptar también Ibercaja, mientras que CaixaBank y BBVA no descartaron dar el mismo paso. Todos los bancos mostraron enfado por un tributo que juzgan "injusto, discriminatorio y confiscatorio", y el Sabadell deslizó que se repercutirá a clientes.

Las primeras demandas podría, así llegar, ya en febrero. La nueva tasa aplicará un tipo del 4,8% sobre sus comisiones e intereses de las entidades con cargo a sus beneficios en 2022 y 2023, con el abono del 50% de recargo en febrero y la cantidad restante en septiembre. No podrá deducirse y la ley impide repercutirlo a clientes, bajo riesgo de recibir sanciones por el 150% del importe repercutido.

Las quejas más directas las profirió Dancausa, con la claridad que le caracteriza: "La base de su formulación es endeble y no responde a ninguna justificación técnica", apuntó la banquera, afeando que más allá que el "daño" que hará a "empleados, clientes y accionistas", habría que "luchar por tener un sistema tributario sólido", "que responda a razones técnicas" y "sin alentar populismos". Pero la queja fue generalizada subiendo en escala al dejar más claro que nunca que lo llevarán a tribunales.

Tras juzgar "difícil" que haya cambios en su tramitación en el Senado la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, criticó su tramitación como proposición de ley, sin consulta pública y sin los informes preceptivos que "podrían acompañar a una norma tan importante y con tanto impacto para el sector". "Hemos sido muy claros, hemos pedido la retirada. Nos parece que no es el momento, que tiene un impacto clarísimo sobre la economía, el empleo y sobre millones de accionistas que han invertido sus ahorros en el sector y es malo para la seguridad jurídica y confianza", agregó. Los banqueros, en bloque, apuntaron que hay decenas de informes que constatan el impacto de tributos así. El consejero delegado de Unicaja, Manuel Menéndez, denunció que "adolece de algunas carencias", siendo una de ellas que no tienen en consideración la rentabilidad de un sector que cotiza por debajo del valor en libros ya que gravará ingresos y no beneficios. "Los objetivos recaudatorios se podrían encauzar de otra manera más justa y más equitativa de los bancos", agregó.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, apuntó en un primer momento que la entidad va a "cumplir con lo que diga la ley", pero dejó un resquicio al recurso, ahondando en esa misma idea y convencido de que "va a detener el crecimiento de España". Se quejó de que este tipo de tributos suelen aplicarse a sectores que generan externalidades negativas como puede ser el del tabaco, para reducir su desarrollo, y al aplicar a la banca, "que está aquí para ayudar", el resultado será que "va a dañar la capacidad de inversión del sistema bancario" y, por derivada, a la actividad económica. "Este no es el mejor momento", agregó, en alusión al actual freno económico y la necesida de acometer inversiones para abordar transformaciones como el de la sostenibilidad.

En CaixaBank y según el consejero delegado Gonzalo Gortázar, irán "poco a poco", sin tomar decisión alguna hasta ver el texto final. Sin embargo, expuso que hay una "obligación fiduciaria" de adoptar medidas para defender los intereses de los más de 650.000 accionistas de la entidad. "Nuestra obligación como gestores será recurrirlo" si el texto definitivo contraviene el derecho, deslizó.

"Es muy probable que Ibercaja lo recurra en los tribunales porque creemos que no asiste la razón", agregó el consejero delegado de Ibercaja, Victor Iglesias, quien consideró que el tributo es "injusto", "poco proporcionado", "arbitrario" y "contraviene el principio de derecho", además de "va a resultar perjudicial" ya que afectará al sector y a la generación de crédito "en un momento de incertidumbre para empresas y familias". cuando se necesita generar crédito.

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, subrayó, como el resto de banqueros, que perjudica a un sector que a fecha actual "no cubre el coste de capital y vale menos que su coste en libros" y es una ley que "no se ha tramitado con suficiente cuidado". Como ejemplo de esta última aseveración expuso la contracción que supone que prohíba repercutirlo en precios, cuando la Autoridad Bancaria Europea (EBA) exige que los precios incorporen todos los costes, incluidos los fiscales. "¿Y qué hacemos? ¿Con quién cumplimos?", interrogó, convencido de que "este es el problema de legislar deprisa" y de "saltarse los procedimientos".

"No es la mejor forma de combatir la inflación", añadió el consejero delegado del Santander en España y responsable Regional de Europa, Antonio Simôes, secundando el diagnóstico de que "es malo para la economía española" y "malo para las empresas, para las familias", ya que esos 3.000 millones supondrán que dejará de prestarse 50.000 millones en financiación. "A nosotros, justo en el momento actual donde la banca tenemos que seguir siendo parte de la solución, nos parece la medida equivocada", añadió, alertando de que puede ahuyentar la inversión en banca y perjudicar "la confianza de los inversores en España, al generar una inseguridad jurídica".