Banca y finanzas

Los ministros de Economía de la UE instan a rebajar los requisitos de Basilea III


    Lidia Montes
    Bruselas,

    Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han fijado este martes su posición para negociar la forma en que se aplicará la normativa bancaria Basilea III al mercado comunitario, un acuerdo internacional para reforzar los colchones de capital y la supervisión de las entidades, concebido en el seno del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

    Los Veintisiete han acordado rebajar las exigencias de esta normativa y han respaldado la propuesta del Ejecutivo comunitario de retrasar a 2025 su entrada en vigor, frente al 2023 previsto inicialmente por el Comité de Supervisión de Basilea, así como extender hasta 2030 de su plazo de implementación.

    En rueda de prensa tras el Ecofin, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis ha subrayado que se han tenido en cuenta las condiciones específicas del sector bancario europeo para "evitar un incremento significativo de los requisitos de capital para los bancos de la UE", lo que mantendrá la "competitividad del sector".

    "Los bancos de la UE seguirán siendo una fuente fiable y sostenible de financiación para la economía", ha incidido el comisario letón, que ha puesto en valor que se trata de "paso hacia delante para implementar los estándares internacionales".

    El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es la organización mundial encargada de fijar las normas para calcular la ratio de capital de los bancos, o una suerte de banco de los bancos centrales. Con Basilea I, II y III, el organismo ha ido estableciendo las regulaciones que luego las regiones deben adaptar a su propio mercado. Concretamente el acuerdo de Basilea III busca que los denominadores de las ratios de capital sean simples, comparables entre los bancos y sensibles al riesgo.

    Respecto al uso de modelos internos por parte de las entidades para generar ganancias de capital a través del output floor, los ministros de Economía y Finanzas de la UE han indicado que el límite se establezca tanto a nivel de grupo bancario como de cada banco individual y han abierto la puerta a que los Estados miembro apliquen un output floor a las entidades bancarias nacionales a su nivel más bajo de consolidación, si así lo desean.

    Además, la propuesta armoniza los requisitos mínimos aplicables a las sucursales de bancos de terceros países y la supervisión de sus actividades en la UE. También afecta a los instrumentos y facultades de supervisión para que el marco sea más adecuado a las condiciones de mercado específicas de los Estados miembros.

    El Ecofin ha planteado mejoras técnicas en las áreas de riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Además, incorporó reglas de proporcionalidad mejoradas para los bancos pequeños, especialmente en lo relativo a los requisitos de divulgación para las instituciones pequeñas y no complejas.

    De esta manera, los responsables de Economía de la UE han convenido este martes sus líneas sobre la directiva y el reglamento de los requisitos de capital para su posterior negociación conjuntamente con la Comisión y el Parlamento Europeo (los trílogos).

    El acuerdo a nivel de Veintisiete ha sido negociado a lo largo de un año en la UE, en la presidencia eslovena, francesa y, ahora, checa para abordar las numerosas cuestiones políticas y técnicas del paquete. Sin embargo su aplicación en otros países como Reino Unido o Estados Unidos dista de ser una realidad.

    La propuesta del Ejecutivo comunitario sobre los requisitos de capital busca reforzar y facilitar la asignación de capital y liquidez en los grupos bancarios de la UE, sin imponer un aumento significativo a los requisitos de capital.

    Además pretende fortalecer el marco regulatorio y de supervisión para aquellas entidades bancarias que operan en el mercado comunitario, de tal manera que se cierren lagunas para las sucursales de terceros países y se armonicen tanto las herramientas como los poderes de supervisión. Con esto Bruselas quiere que los supervisores se mantengan independientes de las influencias económicas y políticas.