El Gobierno flexibiliza las condiciones de las emisiones de deuda hipotecaria
El Gobierno ha decidido flexibilizar las condiciones que impone a las entidades financieras para realizar emisiones de títulos de deuda hipotecaria, con el objetivo de que éstas puedan emitir más y en consecuencia aumentar la concesión de hipotecas. El Ejecutivo cree que esto se traducirá en una rebaja de las hipotecas para las familias y en una mayor competitividad para el sector financiero español. Por su parte, el Gobierno quiere evitar "vaticinios apocalípticos" sobre los cinco millones de parados.
Así se recoge en el real decreto que aprobó hoy el Consejo de Ministros. Según la nueva normativa, las entidades dispondrán de libertad para establecer las cláusulas financieras de las emisiones que realicen, al tiempo que verán mejorada la gestión del riesgo de las mismas.
Asimismo, se eliminan trabas administrativas a estas operaciones, en concreto, la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las emisiones de títulos y de "realizar notas al margen" en el Registro de la Propiedad para poder incluir hipotecas en las emisiones.
Otra de las novedades de este real decreto es que las sucursales de entidades de crédito españolas autorizadas en otro estado de la Unión Europea podrán emitir participaciones hipotecarias, siempre y cuando estén respaldadas por préstamos y créditos garantizados por hipotecas sobre inmuebles situados en España.
Más flexibilidad
El Gobierno incrementa además del 5 al 50% el porcentaje de títulos hipotecarios propios que las entidades pueden mantener en sus emisiones, en el caso de que las hayan distribuido entre el público en general.
También se permite a los bancos pedir avales o seguros de crédito como una garantía adicional para elevar del 80 al 95% la relación entre la cuantía de la hipoteca y el valor de tasación de la propiedad.
La reseña del Consejo de Ministros justifica la necesidad de estos cambios en que el mercado hipotecario español, a pesar de ser uno de los más eficientes y competitivos de la UE, está regulado por normas promulgadas hace más de veinte años en un contexto económico "muy distinto al actual".
Por ello, considera, era necesario reformar sus fundamentos para adaptarlo a los nuevos instrumentos y para ampliar las posibilidades de elección de las entidades y de las familias.