China borró las listas de peticionarios "ilegales"

El Gobierno chino ha dejado de elaborar una clasificación que controlaba el origen de los peticionarios y que se utilizaba como indicador del desempeño de las autoridades locales, algo que, según organizaciones pro derechos humanos, provocaba la detención ilegal de personas que denunciaban sus problemas.

Según el rotativo "Southern Metropolis Daily", el Departamento chino de Cartas y Peticiones dejó de contabilizar, desde el cambio de Gobierno este año, el número de personas que cada mes viajan a Pekín para reclamar sus derechos ante las autoridades centrales y protestar que las de sus localidades no les resolvieron sus problemas.

Este indicador se consideraba como un termómetro de la habilidad de los oficiales locales para mantener la estabilidad social. En caso de registrar un número muy elevado de denuncias de este tipo en un lugar determinado, la carrera y posibilidades de ascenso de los oficiales locales de la zona podían verse mermadas.

Aunque no se precisó si la medida es de carácter permanente, el rotativo asegura que varios responsables de seguridad local "están siguiendo las normas".

La semana pasada, y por primera vez, autoridades del Partido Comunista de China (PCCh) denunciaron abiertamente la detención indiscriminada de peticionarios por parte de funcionarios locales que carecen de "potestad para hacerlo".

"Las autoridades disciplinarias a todos los niveles deben erradicar cualquier erróneo acto de arresto de peticionarios normales en lugares públicos o en las oficinas enfocadas a estas tareas", afirmó el subdirector de la Comisión de Disciplina del PCCh, Zhang Shaolong.

Así, la eliminación del controvertido listado se interpreta desde algunos sectores como un paso más para aliviar la presión sobre las autoridades locales y evitar detenciones ilegales.

Muchas de las reclamaciones de los ciudadanos chinos atañen a cuestiones de la propiedad, como expropiaciones de tierras o demoliciones forzosas de viviendas, conflictos que cada año causan miles de protestas en el país y que Pekín percibe como uno de los principales focos de inestabilidad social.

Según denuncian las organizaciones de derechos humanos, el arresto de los peticionarios por parte de las autoridades locales es una práctica muy común para impedir que sus demandas lleguen a ser oídas por los altos cargos.