Aragón es partidaria de mantener el impuesto medioambiental a las grandes superficies comerciales
La comunidad autónoma ingresa anualmente alrededor de 14 millones en concepto de este impuesto, que grava la contaminación atmosférica que se genera en estas áreas de ventas. Aragón trabajará con el resto de comunidades afectadas (Cataluña, Asturias, Navarra, La Rioja y Canarias) por la decisión de la Comisión Europea de suprimirlo por considerarlo ilegal realizando alegaciones. Además, la comunidad aragonesa ha establecido un plan de pagos para recuperar los 27 millones que adeudan algunas empresas.
Revés de la Comisión Europea al Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por Grandes Áreas de Venta, que se aplica en cinco comunidades autónomas españolas, entre ellas Aragón, por considerarlo que existe incompatibilidad con la normativa europea por lo que se pide que se retire o modifique con el fin de dejar de penalizar unos formatos comerciales frente a otros, según se constata en el escrito que se ha remitido al Gobierno de España.
Desde el Gobierno de Aragón se muestran partidarios de mantener este impuesto, ya que grava la contaminación atmosférica que se produce en estas zonas comerciales por el desplazamiento en coche de los consumidores a ellos, no siendo un impuesto empresarial que penalice unos formatos comerciales frente a otros, según han indicado fuentes del ejecutivo aragonés a elEconomista.es
No obstante, desde el Gobierno de Aragón -que indica que el impuesto fue avalado por el Tribunal Constitucional-, se explica que es un proceso que está abierto, ya que el escrito que se ha remitido al Gobierno de España no es una decisión en firme.
Una situación ante la que están barajando trabajar con el resto de comunidades autónomas afectadas para elaborar una respuesta en relación a este impuesto con el fin de presentar argumentos por escrito, aunque no se descarta que se puedan mantener encuentros o reuniones presenciales para explicar la postura que se concrete.
Aragón ingresa por este impuesto ambiental, que comenzó a aplicarse en el año 2006 y que en la comunidad autónoma grava a superficies de venta de más de 2.000 metros cuadrados, alrededor de 14 millones de euros, según datos facilitados por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón.
Desde su aplicación, en la comunidad aragonesa surgieron empresas comerciales que se mostraron en contra de tener que pagar este impuesto, acumulándose una deuda de 27 millones de euros desde el año 2006. Una situación que se ha solventado de forma favorable para las arcas públicas autonómicas.
Esta cantidad se ha empezado a recuperar, pagando las superficies comerciales ya la cuota actual, además de haberse establecido un calendario de pagos para las empresas comerciales que no habían venido abonando el impuesto hasta ahora para que hagan frente a las cuantías correspondientes adeudadas, que se abonarán con intereses y para cuya recuperación se han establecido garantías de aval.