Luces e ilustrados
Más allá de los sueldos de los altos cargos, a la Ley de Transparencia aún le queda mucho por descubrirnos.
Al fin y al cabo, la transparencia se parece mucho a la luz, aquella luz que, hace más de un siglo, invocó don Antonio Maura como instrumento esencial de su gobierno y que, final y desgraciadamente, no pudo encenderse. El diccionario de la RAE también permite insistir en la idea, porque define poéticamente lo claro como aquello que está bañado de luz.
Por suerte, y hay que abonarlo en el haber del actual Gobierno, contamos ya con una Ley de Transparencia, que permite acceder individual o colectivamente a una amplia serie de datos e informaciones sobre la organización y el funcionamiento de la cosa pública. Es de esperar que, según vaya pasando el tiempo, se mitigue la querencia por los detalles del pro pane lucrando y pasemos a otras informaciones todavía más sustanciosas. No se debe pasar por alto, sin embargo, que los sueldos de los que se está hablando son bajos en muchos casos y casan mal con las responsabilidades asumidas, si se respetan rigurosamente las incompatibilidades.
Pero la luz hace las sombras y tiene una velocidad que no se compagina con los plazos que, tanto la ley estatal como la andaluza, han previsto para su completa entrada en vigor. También faltan aún las disposiciones reglamentarias de desarrollo. Además, podría decirse que muchas instituciones, entre las que están los parlamentos, no se han puesto las pilas ?nunca mejor dicho- y se echa de menos que no hayan adelantado en sus portales el concreto enlace de la transparencia con el contenido establecido, de la manera en que lo han hecho ya muchísimos Ayuntamientos, aunque a estos todavía no les sea exigible por ley.
El tiempo inexorable contribuirá a disipar muchas sombras y se irá mejorando y ampliando la información paulatinamente. Pero hay, entre otros, dos aspectos en los que se podría avanzar sin muchos inconvenientes.
El primer aspecto es general, porque la transparencia debería dejar de plantearse, al menos informáticamente, como un cometido exclusivo del Gobierno y la Administración General. De hecho, la ley tiene un ámbito subjetivo mucho mayor. De este modo, sin perjuicio de que cada órgano o institución tenga el suyo, el portal nacional (¿España?) funcionaría como tal, es decir, reuniendo las principales informaciones de todo el conjunto, con lo que podrían comparase los datos y obtener así sabrosas y muy convenientes conclusiones.
El segundo aspecto se refiere a la formación de los cargos públicos, se trata de que sean ilustrados, vaya. Hay que subirles el sueldo, sí, pero no al primero que llegue. Es mejor que no haya diputados estudiantes de profesión después de los 27 ó 28 años y que no haya cargos de consejeros o en otros puestos técnicos, agencias y empresas públicas sin acreditar la formación o experiencia que exigen las normas. Si tuvieran que hacer público su curriculum, se evitarían los casos que ya se han visto y, todavía mejor, si el curriculum fuera debidamente contrastado en una comisión parlamentaria o análoga.