El Supremo obliga a Estepona y a UGT-A a volver a enjuiciar sus ERE

El Tribunal Supremo ha anulado las sentencias del Superrior de Justicia de Andalucía (TSJA) que aprobaban ambos procesos acometidos en 2011 (Estepona) y 2012 (UGT Andalucía) y ordena repetir los juicios. El del ayuntamiento malagueño afectó a 176 personas, empleados con contrato laboral que no pasaron proceso selectivo; el del sindicato, a otros 159.

El Supremo asegura que no se tuvieron en cuenta, por parte del TSJA, todas las pruebas posibles para poder sentenciar sobre esos procesos de regulación de empleo. En ambos procesos no se aportó a tiempo determinadas pruebas y no fueron tenidas en cuenta, pero ahora la Sala de lo Social del alto tribunal señala que el incumplimiento de la obligación de aportarlas antes del juicio no puede suponer la pérdida definitiva de las mismas.

El sindicato ha señalado que respeta la sentencia y que espera nueva fecha para la celebración del juicio. Los extrabajadores afectados por ese ERE fueron 29 de estructura y otros 129 del plan Orienta -para atención personalizada de desempleados- financiado por la Junta de Andalucía, que decidió no renovarlo durante 2013 y 2014. Precisamente hoy la Junta ha anunciado la adjudicación provisional de las entisdades que gestionarán la nueva convocatoria del Plan Orienta para 2015, que contará con 30 millones de presupuesto.

Desde el ayuntamiento de Estepona, la concejala de Personal, Pilar Fernández-Fígares, ha precisado que el Alto Tribunal "en ningún caso declara la nulidad del ERE, ni pone de manifiesto irregularidades o vulneración de derechos por parte del consistorio en este procedimiento, de forma que el ERE sigue teniendo efectos respecto a la medida extintiva de la relación laboral". El excesivo peso de la plantilla (pagar las nóminas absorbía nueve de cada diez euros del presupuesto municipal) resultaba desde el punto de vista económico insostenible, como consecuencia de la existencia de 1.362 empleados, de los que una parte prestan servicios de forma indirecta.

Precisamente la falta de presupuesto y el sobredimensionamiento de la plantilla fueron las razones alegadas por el consistorio que dirige José María García Urbano para acometer ese plan de despidos.