La patronal critica al Gobierno central por recurrir la reapertura de Aznalcóllar

Aminer, la patronal minera andaluza, califica de "inoportuno" el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo y pide a este y a la Junta que dialoguen. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado en Sevilla: "No puede ser en ningún caso que un conflicto de competencias impida una inversión".

"Independientemente del conflicto competencial que está detrás de la decisión del Gobierno de España, Aminer entiende que ésta se produce en un momento y en una forma de extraordinaria inoportunidad y reclama coherencia administrativa ante la decisión tomada, sin entrar a valorar las claves jurídicas. Del mismo modo, la asociación se ofrece para mediar entre las dos administraciones de cara a evitar un proceso judicial que retrasará indefinidamente el proceso de reapertura de la mina". Es lo que señala textualmente un comunicado de la patronal. El escenario de 2015 para tener la mina en marcha se antoja así, cada día más, un imposible.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha reaccionado con rapidez, ya que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno le brinda un baza política excepcional. Reunió en la consejería de Economía a representantes de la Diputación de Sevilla, los ayuntamientos de la zona y los sindicatos UGT y CCOO para pedir que el citado recurso no se llegue a presentar. Montoro, por su parte, ha asegurado que esta semana habrá contactos entre Gobierno y Junta para tratar el tema.

El recurso como tal aún no se ha presentado y su retirada implicaría, al mismo tiempo, la retirada del decreto ley aprobado de forma unilateral por la Junta sin acuerdo con el Gobierno y que invade sus competencias. Tras ello, la reserva de los terrenos de Aznalcóllar podría realizarse por parte del ministerio de Industria -tal y como dicta la ley de Minas- y luego ser esta administración u otra la que siga adelante con el concurso.

Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que alguna de las dos empresas (Andalucía Mining y Qbis Resources) de exploración que habían solicitado -sin éxito- investigar sobre la zona minera del yacimiento podría exigir compensaciones por vía judicial ya que la ley de Minas les adjudica derecho preferente sobre esos terrenos a la hora de explotarlos. El decreto ley de la Junta les ignoró -como hizo con la ley minera estatal- y ese frente judicial amenaza también el futuro del yacimiento.

Por otra parte, fuentes del sector minero señalaron que tampoco el concurso de adjudicación ha logrado atraer a los candidatos de peso que buscaba la Junta. Los dos operadores ya consolidados con minas abiertas en Andalucía -Cobre Las Cruces y Matsa- no acudirán a la convocatoria. Dudas sobre la rentabilidad que se obtendría de los 35 millones estimados de recursos minerales -cobre y, en menos medida, plomo y zinc- en relación a la inversión de más de 300 millones mínima para reabrir Aznalcóllar enfrían el interés.