El Gobierno pide al Constitucional paralizar la reapertura de Aznalcóllar

Recurre, por invasión de las competencias estatales en minería, tanto el decreto ley como el concurso para la vuelta a la actividad del yacimiento sevillano. La Junta se arrogó competencias, en lugar de pactar con el Estado, basándose en la preconstitucionalidad de la ley de Minas de 1973 y en la supuesta inacción del Gobierno central para actualizarla.

El consejo de ministros ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de la Junta de Andalucía de diciembre pasado que regulaba la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). El Ejecutivo central, que ha visto como la Junta ha interpuesto a su vez diez recursos ante el Alto Tribunal en los dos últimos años en los que recurre diversas leyes, considera que la Junta invade las competencias estatales y pide que se suspenda ese decreto.

La Junta, según el Ejecutivo, se arroga la potestad de reservar zonas para aprovechamiento minero, algo que sólo puede hacer el Estado según la ley de minas de 1973. En efecto, en la exposición de motivos del decreto que regula la reapertura y declara urgente este proceso se reconoce esta asunción de competencias cuando se dice textualmente:

"La ley de Minas de 1973 declara que todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos forman parte del dominio público estatal, pero es una ley que lo que tiene como objeto es establecer el régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales, priorizando la actividad extractiva privada y asumiendo como finalidad esencial el fomento de la libertad de empresa. En esta ley preconstitucional la mina, por tanto, tiene un doble significado jurídico, como yacimiento, objeto de propiedad del Estado, y como actividad extractiva. Partiendo del dual concepto de mina, como yacimiento propiedad del Estado y como actividad extractiva, la reserva minera que se establece en este Decreto-ley tiene por objeto tan solo la actividad extractiva".

Esta prerrogativa que se arroga la Junta para decretar esta reserva sobre la actividad extractiva es la que determina el recurso del Gobierno, que también pide paralizar el concurso internacional convocado ya en este año 2014 para adjudicar la explotación de la mina. Fuentes del sector minero andaluz creen que este conflicto de competencias se podría haber evitado si la Junta hubiera solicitado previamente al Estado una delegación singular de competencias para hacer esa reserva; o bien que el propio Estado hubiera declarado esa reserva pactando con la Junta.

Nada de eso se ha hecho y Vicente Fernández, secretario general de Innovación, Industria y Energía -que es letrado de la Junta- decidió impulsar el procedimiento en solitario con el resultado ahora de la presentación de este recurso.

Nueva ley

Esa exposición de motivos señala además: "La justificación del ejercicio de la excepcional potestad que tiene la comunidad autónoma de Andalucía para reservarse una determinada zona del territorio andaluz, a efectos de controlar el desarrollo de las actividades extractivas, se encuentra en las particulares circunstancias que concurren en Aznalcóllar, que obligan al Gobierno andaluz a extremar el control del ejercicio de las actividades extractivas". Esas particulares circunstancias se refieren a la catástrofe medioambiental de 1998.

La explotación, que tiene 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos probados y 45 millones por explorar, está cerrada desde el desastre medioambiental causado por la ruptura de su balsa de lodos. La vuelta a la operación supondría una inversión de 300 millones y la creación de 450 empleos. Estaba prevista la adjudicación del concurso este año y el inicio de la explotación en 2015, plazos que ahora quedan en el limbo.

Además, la Junta critica que el Gobierno central no haya actualizado la ley de Minas de 1973 en estos términos: "La tardanza estatal en aprobar una norma legal básica en materia de minas hace que se mantenga vigente una legislación estatal inadaptada al régimen constitucional de distribución de competencias, pero esta tardanza no puede impedir el ejercicio legítimo de sus competencias por parte de Andalucía".

Las mismas fuentes del sector rebaten plenamente este planteamiento ya que el Gobierno central ha manifestado su apoyo a la reivindicación de las mineras a escala nacional de reformar esa ley. Y ya hay borradores circulando en este sentido, contra los que impacta directamente el decreto ley de la Junta. Todo ello pone aún más en evidencia la actitud unilateral de la Junta que ha provocado este contencioso judicial. La consejería de Economía tildó ayer de "traición" a Andalucía la actitud del Gobierno central.