El juez aparta a Santiago Herrero de la gestión de las VPO de la CEA
- El auto señala que no se han devuelto los anticipos a los compradores
- También resalta que no se ha pagado a los proveedores por sus servicios
- El juez rebate al fiscal que archivó una denuncia de la propia Sareb
Un juez de lo Mercantil de Sevilla ha aceptado la solicitud de concurso necesario presentada por Sareb (banco malo) contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), adscrita a la CEA y que gestionaba su expresidente desde su salida el pasado mes de enero de la patronal.
Esta decisión judicial, expresada en un auto del 19 de febrero, supone la suspensión de facultades de los actuales administradores ordinarios y la sustitución de la actual administración por los administradores concursales, que ya han sido nombrados. La FDSE estaba gestionada hasta ahora por Antonio Carrillo, secretario general de la CEA, como presidente; y Santiago Herrero, ex presidente de CEA, y Antonio Ponce, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, como patronos.
En la práctica era Herrero el máximo responsable, pues anunció el pasado 16 de enero cuando dejó su cargo en la CEA tras ser imputado en otro juicio penal por estafa relacionado con estas mismas viviendas, que se quedaba al frente del proyecto hasta que se terminaran las VPO. Llegó a declarar incluso que entregaría las viviendas antes del próximo verano.
Ahora, según publica Abc, los dos nuevos administradores de la FDSE nombrados por el juez de lo Mercantil número 2 de Sevilla son el economista madrileño Antonio Moreno (que ha ejercido esta misma labor en los concursos de Martinsa-Fadesa y Forum Filatélico) y el abogado sevillano Jesús Borjabad, de EY Andalucía (la misma compañía que, entre otros, ha compartido la administración concursal de la aeronáutica andaluza Alestis).
Fuentes judiciales y de la Sareb han precisado que entre los "incumplimientos" determinantes que se contemplan en el auto de declaración de concurso figuran "la falta de terminación y entrega de las viviendas y la no devolución de las cantidades abonadas a cuenta, el impago de las mercancías y los servicios para ejecutar la promoción, o el no pago de las cuotas de financiación". La Sareb heredó un crédito de 50 millones de la extinta Caja Madrid a final de 2012 y durante todo 2013 trató de averiguar por qué, pese a haberse utilizado íntegro, las VPO no estaban terminadas. También ofreció propuestas de soluciones financieras a la FDSE para reanudar las obras, que ésta y la propia CEA rechazaron.
Presentó por ello, además de la solicitud de concurso necesario (forzoso) ahora aceptada, una denuncia en la Fiscalía por un supuesto desfase de entre 12 y 14 millones entre los 50 millones gastados y el valor de lo construido. Sólo 80 de las 583 viviendas de las tres promociones ubicadas en Sevilla están terminadas y entregadas. El fiscal, sin embargo, decidió hace dos semanas archivar esa denuncia tras considerar que el dinero se había empleado íntegramente en la construcción de las viviendas. Una conclusión que ahora rebate el juez de lo Mercantil.
Además, el juez señala otro aspecto clave: la no devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Y es que los 583 compradores entregaron en total unos 10 millones de euros, que se depositaron en cuentas de BBVA no adscritas a la promoción y en la que figuraba como apoderado el propio Herrero, entre otros altos y exaltos cargos de CEA.
Esta vía mercantil del concurso es independiente de la vía penal iniciada por compradores y suministradores contra la fundación por estafa. En este proceso penal que se sigue en otro juzgado ordinario de instrucción de Sevilla está imputado Herrero, pero también Antonio Carrillo y el exvicepresidente de CEA, Juan Salas. Igualmente está imputada la cúpula de la empresa promotora Dolmen, gestora del proyecto de esas viviendas.
Fuentes de la Sareb han mostrado su "satisfacción" por el auto y consideran que el concurso de acreedores necesario "es la mejor opción para proteger sus intereses, los de los adjudicatarios y los de los principales proveedores de la promoción". "El objetivo ha sido finalizar las obras y el concurso pondrá orden en las cuentas de la sociedad y permitirá la finalización de las obras bajo supervisión judicial y con plena garantía sobre el control de ingresos y pagos", han añadido.