Retraso en la reducción de trabas

Europa lleva década y media evaluando la cantidad y calidad de las leyes de los estados para simplificarlas. En Andalucía casi ni se ha iniciado este proceso.

En 2001, después del revés del referéndum de Irlanda, la Comisión Europea se propuso incrementar la confianza en las instituciones y en sus agentes mejorando sus políticas, sus normativas y los resultados de su actividad, lo que plasmó, entre otras iniciativas, en el Libro Blanco sobre la Gobernanza europea con una propuesta sobre los cambios a introducir. Entre ellos, ocupaba un lugar destacado la simplificación del Derecho comunitario. Posteriormente, en 2005, la Comisión puso en marcha una iniciativa con el título de Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la UE, que tenía como ejes fundamentales la evaluación del impacto de la legislación nueva y la simplificación de la ya existente, objetivos que se hacían extensivos también como recomendación a los ordenamientos internos de los Estados miembros.

Una vez adquirida cierta experiencia en la aplicación de estas decisiones, la Comisión ha dado un paso adelante pasando de mejorar la legislación al objetivo de la regulación inteligente (Smart regulation in the European Union), como instrumento capaz de servir a los ambiciosos objetivos políticos perseguidos en la estrategia de Europa 2020. La intención no es ya sólo simplificar la legislación y reducir las cargas administrativas de los europeos y de las propias instituciones, sino también evaluar la legislación, sus costes y consecuencias, tanto con anterioridad como con posterioridad a su promulgación.

Paralelamente, la OCDE había impulsado a finales del pasado siglo la Estrategia y políticas para la mejora de la regulación, que dio lugar en 2000 a un primer informe sobre España, en el que se hacía una amplia serie de recomendaciones a este respecto. La OCDE ha vuelto en 2010 a revisar la situación de nuestro país, donde también se analiza el grado de implantación de las recomendaciones que se hicieron en el primer informe.

Uno de los aspectos que destaca de este documento es que refleja que la actividad legislativa en nuestro país se ha multiplicado por diez desde principios de la década de los 80, repartiéndose este incremento entre el multiplicador 1,5 experimentado por la legislación estatal y el 18 de la legislación autonómica. Sea o no necesario todo este despliegue legislativo, el informe pone muy en cuestión la calidad de nuestras normas, por lo que hace recomendaciones respecto a la legislación nueva y a la ya existente.

Con relación a las nuevas leyes, la OCDE sugiere, entre otras recomendaciones, establecer mecanismos de supervisión, publicar tablas de planificación anual de la actividad legislativa y generalizar la evaluación a priori del impacto de las nueva leyes. En este sentido, recomienda incluso evaluar la capacidad de las instituciones para supervisar y controlar su propia producción normativa.

En este contexto, la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha elaborado recientemente un informe de situación de la mejora de la regulación sobre las actividades económicas en Andalucía. Dicho informe es consecuencia directa de la Ley 4/2011, de 6 de junio (BOJA núm. 118), y se refiere a la reducción de cargas administrativas -autorizaciones-, a las actividades económicas.

Dejando al margen la calidad formal y literaria del documento, que justifica en cierta medida las reticencias de la OCDE sobre nuestra capacidad institucional, el informe constituye una clara expresión del retraso con el que nos movemos en esta materia. Por otra parte, manifiesta con nitidez la objetividad de sus redactores, quienes tienen la perspicacia de discriminar las leyes estatales según la legislatura de la que procedan y, haciendo gala de un cantonalismo infantil, soslayan referencias a otros organismos de distinto ámbito territorial o a la coordinación con otras administraciones, como la estatal. Todo a favor de la confianza en nuestros gestores públicos.