Andalucía

Alaya investiga la concesión arbitraria por la Junta de 71,2 millones en avales

  • La juez señala que las mismas empresas recibieron múltiples ayudas y avales.
La juez Mercedes Alaya que instruye el sumario de los ERE.


La juez Mercedes Alaya, instructora del sumario de los ERE, atiende la petición de Anticorrupción. Esos avales cuadruplicaron ilegalmente la cifra autorizada en el presupuesto y podrían haber incumplido leyes europeas y haberse concedido sin publicidad.

La magistrada ordena en un auto distribuido por el PP que se investigue la concesión de ese volumen de avales a partir de varios hechos que considera sospechosos de uso fraudulento del dinero público, coincidiendo con el criterio del fiscal. El PP andaluz ya denunció en dicimebre pasado que la Junta concedió 210 millones en avales a empresas entre 2008 y 2012 pese a las irregularidades encontradas por la Intervención General de la Junta en 2009.

En primer lugar, destaca que varias de las empresas a las que se avalaron cantidades ante entidades bancarias para que pudeiran obtener financiación estaban, al mismo tiempo, en trámites de resolución de otras ayudas públicas. En todos los casos, era la agencia pública Idea, dependiente de la consejería de Economía, la que otorgaba todos esos tipos de apoyos. "Este hecho podría constituir una inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrarios de concesión", señala el auto.

En segundo lugar, Alaya relata cómo el exdirector general de Idea y exdirector de PwC en Andalucía, Jacinto Cañete -ya imputado por la juez en el casos ERE y por otro juez en el caso Invercaria-, otorgó en 2008 y 2009 cuando estaba al frente de la agencia púiblica avales por 55,8 millones. Concesión que se produjo sin que estos fueran autorizados, indiciariamente, por los órganos pertinentes (consejo rector de Idea, entre 450.000 euros y 1,2 millones, y consejo de Gobierno de la Junta para cantidades superiores).

El sucesor de Cañete, Antonio Valverde -también imputado en el caso ERE y aún en el cargo-, regularizó la concesión de esos avales en 2010. Aunque en el acta del consejo rector de Idea que informa de esa regularización se recoge que esas autorizaciones de avales se hicieron por Cañete "en aplicación de una interpretación propia de la normativa vigente".

En tercer lugar, la juez recuerda que el informe de la Intervención General de la Junta sobre el cumplimiento del presupuesto de la Junta de 2009 señalaba cómo Idea había cuadruplicado el volumen de avales concedidos respecto al máximo al que le autorizaba el presupuesto: 71,2 millones frente a los 18 millones autorizados.

La consejería de Innovación -luego fusionada en Economía- alegó que un acuerdo del consejo de Gobierno de la Junta de octubre de 2008 autorizaba a esa consejería a emplear 87 millones en ayudas a empresa viables en dificultades. Fue la agencia Idea quien gestionó esos fondos. Pero la Intervención rechazó la alegación pues concede rango superior a la Ley de Presupuestos respecto a las decisiones del consejo de Gobierno.

La Intervención, recuerda además la juez, también detectó en general la concesión de ayudas que no tuvieron en cuenta el requisito previo de aprobación por parte de las autoridades europeas. Pese a que la orden reguladora de esas ayudas -y también de los avales- así lo exigía expresamente. También contenía esa orden la necesidad de publicitar la concesión de avales en el Boja, la web de la consejería e informar a las organizaciones patronales y sindicale, lo que tanto juez como fiscal sospechan que no se hizo.