El juez imputa al expresidente de Invercaria y al presidente de Novasoft
La investigación por las ayudas de la empresa pública Invercaria a la empresa FIVA deriva, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, en la imputación de siete personas por presunta malversación de fondos.
Tomás Pérez Sauquillo, expresidente de Invercaria entre 2005 y 2009; Francisco Barrionuevo, actual presidente de la tecnológica malagueña Novasoft; Francisco Gallardo Hill, máximo responsable del Grupo Imagen; Juan Antonio Bardón, representante de Innovaes Formas de Comunicación; el empleado de Invercaria Antonio Nieto; José Luis Hidalgo Ruiz, gerente de FIVA, la empresa que se investiga y de la que derivan estas imputaciones; y Gonzalo Alba Batere, analista de Invercaria. Todos han sido imputados por el juez de instrucción número 16 de Sevilla según una providencia de ayer lunes 18 de marzo. El juez les acusa de dos presuntos delitos: malversación de caudales públicos y falsedad en relación a la empresa FIVA.
El juez acepta así la petición, realizada el pasado mes de octubre por la Fiscalía Anticorrupción, de imputar a estas personas. En ese momento, el magistrado Juan Gutiérrez accedió a investigar a las personas señaladas por el ministerio público y señaló que sólo las imputaría si previamente declaraban ante la policía y recibía un informe de la misma. En la providencia de ayer lunes, Gutiérrez hace referencia precisamente a que ha tomado la decisión de imputar a estas personas tras recibir un atestado del grupo de blanqueo de capitales de la Policía.
FIVA es una de las 40 empresas investigadas por el juez. El caso partió de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2009 en la empresa pública Invercaria. En él se desvelaron irregularidades en esta empresa, y otras cinco más, que contaron con apoyo económico de Invercaria. Una vez trasladado el informe a la justicia, el juez decidió ampliar la investigación a otras 34 empresas, así como a los métodos de concesión de las ayudas por parte de la firma pública.
La Junta de Andalucía no ha logrado, como en caso ERE -el otro gran caso de corrupción que los que la justicia investiga en Andalucía-, personarse como parte perjudicada en el caso tras solicitarlo a final del pasado año. Invercaria ha apoyado con 61 millones de dinero público a casi 300 proyectos desde que nació en 2005.