La Cámara de Cuentas censura el sobrecoste que supone utilizar empresas públicas de la Junta

El ente fiscalizador del Parlamento critica el uso no motivado de adjudicaciones sin publicidad, así como el recurso por sistema y sin justificación suficiente a empresas públicas, que encarecen los servicios prestados una media del 6 por ciento.

Nuevo varapalo de la Cámara de Cuentas a los procedimientos de gestión del gasto público de la Junta de Andalucía. Tras los demoledores informes sobre Invercaria (del ejercicio 2009) y sobre los ERE, el órgano dependiente del Parlamento ha hecho público su fiscalización de los gastos corrientes entre 2009 y 2012 de cinco departamentos de la Junta que aglutinan nueve de cada diez euros empleados bajo ese epígrafe: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las consejerías de Salud, Educación, Igualdad, y Justicia y AAPP. Las conclusiones son igualmente demoledoras.

Sobresale de entre ellas la dura crítica que trasluce el informe cuando se refiere a la práctica común en la Junta de hacer encomiendas de gestión desde las distintas consejerías a los entes instrumentales -administración paralela de empresas públicas- para que acometan determinadas labores a las que se transfiere el presupuesto correspondiente. El documento cuestiona de raíz esta práctica al identificar tres carencias fundamentales:

- La primera y fundamental es que la Cámara encuentra motivación muy escueta que justifique el que las consejerías confíen la ejecución de tareas a esos entes en lugar de externalizar los contratos a entidades privadas. "Se recomienda concretar, entre otros factores, la insuficiencia de medios humanos y materiales de las consejerías, así como la disponibilidad e idoneidad de los recursos de las entidades del sector público que puedan ejecutar las tareas encomendadas en contraposición a las posibilidades de aplicar la legislación de contratación pública".

- En segundo lugar, se cuestiona que el coste adicional sobre el presupuesto de los servicios que se deriva de su ejecución por estos entes instrumentales sea como mínimo del 6 por ciento. "La naturaleza de los costes reales incurridos pone de manifiesto que estos gastos podrían haberse contratado directamente por las consejerías, evitándose con ello los costes propios imputados por las entidades encomendadas en concepto de gastos generales y corporativos y gastos de gestión y coordinación". Esta última tipología de gasto es la que, en concreto, añade la empresa pública Inturjoven en las facturas analizadas por 277.000 euros. En general, el resto de facturas analizadas de estas encomiendas de gestión suponen que el sobrecoste equivalente a ese 6 por ciento asciende a 308.000 euros

- Por último, considera escaso el control sobre el gasto que ejecutan estos entes, ya que la certificación de conformidad por parte de la consejería que encomienda la gestión se emite "sin que consten en el expediente evidencias o pruebas de la realización de los servicios que se facturan" -cita el informe, eso sí, algunos ejemplos de buenas prácticas-. Además, critica que las memorias justificativas son poco detalladas "y no siempre cumplen con el objetivo de ser prueba de la ejecución de los trabajos encomendados".

Sin publicidad

Además, "en 29 de los 39 expedientes de procedimientos negociados sin publicidad fiscalizados no consta acta de negociación y en los 10 restantes no puede considerarse que haya existido tal negociación. Por ello, los presupuestos de licitación y adjudicación coinciden, no consiguiéndose ninguna rebaja de precios o mejoras añadidas", explica textualmente la Cámara.

Por último, el órgano parlamentario ha detectado 203,5 millones de euros en facturas sin asignación prespuestaria correspondientes al SAS a cierre de 2010.