La Junta andaluza pretende eliminar el recorte a sus 266.000 empleados
- La rebaja media de un 5 por ciento pretendía ahorrar 777 millones en nóminas.
El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, confirma tras reunirse con los sindicatos UGT y CCOO que el ejecutivo va a evitar "dos sanciones" al colectivo tras la eliminación de la paga de Navidad decretada por el Gobierno central.
La eliminación de la paga extra de Navidad a todos los empleados públicos de España decidida por el Gobierno central le ha dado a la Junta de Andalucía la excusa perfecta para salvar la cara ante los sindicatos, que han rechazado con contundencia la rebaja de un 5 por ciento de media de la masa salarial dependiente del ejecutivo andaluz. Esa rebaja, que forma parte del plan de reequilibrio aprobado a mediados de junio y con el que se prevé lograr un ahorro de 777 millones en nóminas, se va a reevaluar hoy por el gobierno de José Antonio Griñán con el objetivo de anularla -o atenuarla lo máximo posible- para evitar "dos sanciones" a este colectivo, como aseguró ayer el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, tras reunirse con los secretarios generales de UGT y CCOO.
Otros sindicatos como CSIF o Satse se felicitaron por estos planes de la Junta. Por su parte, el nuevo presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, también apoyó ayer que se retire la rebaja salarial a los 266.000 funcionarios y empleados públicos de Andalucía argumentando que ya exigió en su momento a la Junta que tomara otras medidas para implementar el plan de ajuste de 3.800 millones de euros para cumplir el objetivo del 1,5 por ciento de déficit. Zoido pidió no obstante que el ejecutivo de Griñán aclare qué va a hacer con el plan de ajuste.
El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, fue más allá y compartió la argumentación de la Junta al exigirle que debería intentar "no duplicar" los recortes para que su peso no recaiga siempre "sobre los mismos" y afrontar ya el debate de la reforma de la administración pública o del sector público empresarial en Andalucía.
Esta reforma de 2010 ha resultado fallida, ya que los tribunales han anulado la mayoría de los traspasos de personal de entes y empresas a nuevas agencias públicas, y tiene en el limbo el futuro de 22.000 trabajadores no funcionarios.