La Junta elimina sin motivarlo la mitad de la oferta al concurso eólico andaluz

Ignoró además un informe demoledor de la CNE contra las bases del proceso, tal y como ya ocurrió en el anterior concurso de 2008.

El reciente proceso de priorización de potencia eólica resuelto en Andalucía por la consejería de Economía ha desatado una intensa polémica en el sector. La adjudicación de 1.200 megavatios se conoció, además, justo un día después de que el Gobierno central decretara la moratoria renovable, lo que ha generado aún más incertidumbre y malestar sobre un concurso, el andaluz, que está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia autonómico por un promotor sevillano, como adelantó elEconomista.

Varios son los aspectos polémicos en torno a la resolución, que podrían derivar en nuevos recursos contra la gestión del proceso, como han explicado a este diario numerosas fuentes del sector eólico consultadas en los últimos días.

El primer asunto que llama poderosamente la atención es que la resolución deniega la priorización al 44 por ciento de la oferta eólica que los distintos promotores presentaron al concurso: 2.537 Mw sobre el total de 5.750 presentados. Economía no explica de ninguna forma esta exclusión en el documento de la resolución, ante lo cual algunos promotores afectados muestran su desconcierto. "Si uno se presenta a un examen, lo mínimo es que se te puntúe, dejarte sin puntuación sin ni siquiera explicarte por qué es inaudito", explica uno de los afectados, que pide que se guarde su anonimato. Entre las empresas excluidas sin explicación hay grandes grupos como Gestamp, Aldesa o San José, pero también pymes como Texla o Sinergia Andaluza.

Pese a la falta de motivación de esa denegación en el documento oficial, y consultada por este diario, Economía asegura: "hasta el último megavatio presentado de acuerdo a las bases se ha baremado convenientemente. Sólo han quedado fuera los proyectos con errores que no se subsanaron en fecha".

Contrario a la norma estatal

En segundo lugar, el propio proceso de priorización que se inició con la orden que lo regulaba el pasado 25 de julio, fue cuestionado de forma demoledora por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en un informe fechado el 13 de julio, doce días antes de la publicación de la orden. El organismo concluye que el concurso es "contrario a la normativa básica estatal vigente".

Primero, recuerda que el anterior proceso de adjudicación desarrollado en Andalucía en 2008 ya contó con un informe similar de la CNE que llegaba a idéntica conclusión: no se acomodaba a la normativa básica estatal. En segundo lugar, señala que el proceso iniciado en 2011 para regular el acceso y la conexión de los parques eólicos a las redes de transporte y distribución está recogido en la ley del sector eléctrico de 2007 "y no necesita de ningún complemento normativo reglamentario", en alusión a la orden de Andalucía.

Esta orden, dice la CNE, "no debe regular en qué condiciones se debe conceder el acceso de las instalaciones a la red, ni sobre la derogación de este acceso" ya que ello "es responsabilidad exclusiva de los gestores de la red". Es decir, de Endesa como distribuidora casi exclusiva en Andalucía, y de REE como propietaria de la red de transporte. Las comunidades autónomas, incide el organismo, sólo son competentes para otorgar la autorización administrativa (basada en la ordenación del territorio o el impacto ambiental, entre otros).

Pero, sin duda, el punto en el que con más dureza se expresa la Comisión es en el relativo a los criterios de baremación que la Junta utiliza para decidir qué parques prioriza y cuáles no. El criterio que más puntuación otorga es la inversión industrial asociada a esos proyectos (40 puntos). Estos planes industriales son una exigencia "de facto" para obtener acceso y conexión "a tenor de la baremación establecida". Algo que es "absolutamente contrario" al derecho de acceso garantizado en la ley de 1997. La exigencia de inversión "afecta negativamente a las tecnologías de régimen especial y pone en peligro" el cumplimiento de objetivos nacionales y europeos en renovables.

Fuera de plazo

Economía, que de entrada señala que el informe es no vinculante, ha explicado que lo solicitó a la CNE el 13 de mayo de 2011 y que, aunque debería de haberse entregado a la Junta en 15 días, entró en la Administración regional el 20 de julio, "es decir, más de dos meses después y a todos los efectos emitido fuera de plazo". Además, elevando el tiro, la consejería aduce: "Con el enfoque que la CNE expresa en su informe están en desacuerdo [con la normativa básica estatal] no sólo la Junta de Andalucía, sino también REE y otras comunidades autónomas".

La CNE tiene capacidad para recurrir la normativa autonómica, pero habría transmitido a la Junta, según las fuentes del sector eólico consultadas, que no tenía intención de hacerlo.

La priorización realizada por el Gobierno andaluz este año es el tercer proceso de estas características acometido en Andalucía desde 2004. Los ganadores han sido, por delante de las grandes eléctricas, las andaluzas Ayesa y Magtel. Ninguna tiene experiencia alguna en el sector eólico, aunque la segunda sí se adjudicó en 2011 otros 139 Mw en Extremadura. Algo que también ha despertado suspicacias en el sector.

Viabilidad en duda

Por otro lado, hay serias dudas sobre 400 de los 1.197 Mw priorizados. No se construirá nunca en Andalucía según el sector. ¿La razón? La falta de viabilidad económica de esos parques, que están en zonas con menos viento anual que el mínimo necesario (2.300 horas), y menos aún teniendo en cuenta el previsible endurecimiento de la normativa eólica tras la moratoria, que exigirá que los parques que se construyan tengan un régimen de vientos más favorable aún que el que ahora se considera mínimamente rentable. El concurso de 2011 no pidió justificar el recurso eólico a las empresas, como sí ocurrió en el de 2008.