Anticorrupción recurre el envío de las actas del Gobierno andaluz a la juez de los ERE
La Fiscalía Anticorrupción ha instado a la juez que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía a "declinar" su jurisdicción "en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas" de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, sustituyendo este requerimiento por el de certificación acreditativa de los acuerdos adoptados expedida por el secretario de dicho órgano de gobierno.
En un escrito de tres páginas elevado ante el Juzgado de Instrucción número 6 el pasado día 13 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, argumenta, en primer lugar, que la juez Mercedes Alaya "eventualmente estaría invadiendo competencias que son propias del Gobierno autonómico, en concreto al reclamar las actas de los Consejos de Gobierno en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados".
En su escrito, la Fiscalía recuerda que, tal y como queda reflejado en el auto ya referido, el requerimiento de inhibición por incompetencia que ha formulado la Junta de Andalucía al citado órgano judicial se apoya en la tesis de que éste carece de jurisdicción "en orden al levantamiento del carácter reservado de los informes que incorporan las actas del Consejo de Gobierno, al ser competencia exclusiva del Consejo de Gobierno la potestad de hacerlas públicas".
Tras ello, estima que la juez Alaya "está reclamando la entrega de dichos documentos en su conjunto, sin establecer ninguna discriminación, abarcando tanto a las materias clasificadas como reservadas (los informes que queden incorporados a las actas), como incluso las secretas (deliberaciones y votaciones, en su caso), por cuanto los citados documentos que constituyen las actas lo son en su conjunto".
El fiscal entiende que, aunque en el auto de 30 de marzo la juez "matiza su requerimiento en el sentido de que únicamente son de interés para la investigación que realiza" los acuerdos del Consejo de Gobierno y no las actas en su conjunto, "es evidente que éstas constituyen un todo inseparable en el que se podrán contener, no sólo los documentos reservados, sino también y de modo previsible deliberaciones o votaciones que, no sólo son ya materia reservada, sino secretas, que no pueden ser objeto de revelación".
"La remisión en su totalidad de todas las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001, sin hacer una selección de las mismas ni tampoco delimitar con criterios más precisos el ámbito de lo interesado, constituye una actuación que difícilmente resulta compatible con la regla de la proporcionalidad", según critica la Fiscalía, que añade que, "si bien es prevalente en este punto el interés general de la investigación penal al que responde la actuación judicial, también debe ser merecedora de cuidada reserva la protección de los intereses generales y públicos que ostenta un órgano de relevancia constitucional como es el Gobierno de la Junta de Andalucía".
Por todo ello, insta a la juez Mercedes Alaya a que "decline" su jurisdicción, si bien sustituyendo su inicial requerimiento de entrega de las actas por el de certificación acreditativa de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, expedida por el secretario de dicho órgano de gobierno.