Diálogo Social en Andalucía: Paz por fondos Next Generation

La Mesa de Diálogo Social de Andalucía ha vuelto a reunir hoy a los sindicatos UGT y CCOO, la patronal CEA y al Gobierno regional. Un encuentro que ha servido para "desatascar" una relación que en palabras de representantes sindicales antes de la Mesa estaba "fría, en la nevera", con los sindicatos especialmente molestos en los últimos meses por haber quedado al margen de decisiones importantes, como el decreto de simplificación administrativa, en el que el ejecutivo sí ha contado con la CEA. De cara al futuro, tanto UGT como CCOO han instado al Gobierno a incluirlos en un órgano para "revisar y controlar" que el dinero de los fondos Next Generation sirva para "mejorar los servicios públicos" y "llegue a todas las familias andaluzas".

El Gobierno ha informado tras la reunión que "en cuanto a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, la Mesa del Diálogo Social ha abogado por un diseño y ejecución de las medidas coordinado, ágil y transparente, que incluya la participación de todas las administraciones y de los agentes sociales y económicos", accediendo implícitamente a las peticiones de los sindicatos.

La importancia que el ejecutivo da a esta Mesa queda patente con la presencia de los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, Empleo, Rocío Blanco, Hacienda, Juan Bravo, y Transformación Económica, Rogelio Velasco.

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha valorado el encuentro como "un paso adelante para desatascar el desarrollo de las mesas de trabajo, derivadas de los acuerdos de Reactivación Económica y por el Empleo". Castilla ha reivindicado la puesta en marcha de una comisión, "dentro del diálogo social, que sirva de instrumento para revisar y controlar que los fondos europeos cumplan los objetivos de desarrollo social, económico, medioambiental y de investigación para lo que han sido creados, con una función esencial como es la creación de empleo de calidad".

Castilla ha criticado "que la Junta tome decisiones contando sólo con la opinión de la patronal, como ha ocurrido con el Decreto de Simplificación de Trámites Administrativos" y también ha recordado al gobierno andaluz "la necesidad de reactivar las reuniones para la puesta en marcha urgente de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía". La propuesta del sindicato es que sea complementaria al Ingreso Mínimo Vital del gobierno central. La comisión de seguimiento de la Renta Mínima de la Junta aún no ha sido convocada, "y las solicitudes de los colectivos en riesgo de exclusión social están paralizadas", según el sindicato.

Castilla ha valorado positivamente el complemento de renta a los trabajadores en ERTE de 210 euros abonado por el Gobierno a propuesta de su sindicato (una medida de 99,5 millones de euros para 467.000 beneficiarios). También se valoran los "pasos adelante hacia la puesta en marcha de un Plan por la Industria Andaluza, para el cual debería contarse con los fondos europeos Next Generation".

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha explicado tras la reunión que se ha pedido que se cumplan "todos y cada uno" de los acuerdos de reactivación, insistiendo especialmente en los puntos que afectan al "refuerzo de los servicios públicos, que se invierta en sectores que generan empleo y en el mantenimiento del empleo. El sindicato ha insistido especialmente en que es "necesario reactivar las medidas para reducir el paro juvenil y para combatir la precariedad en línea con el acuerdo alcanzado con el gobierno de España".

Además, CCOO insta al Gobierno andaluz "a que ponga en marcha los fondos europeos que son una oportunidad para Andalucía", con mención expresa a que se cree "un comité director que planifique las actuaciones para que la recuperación sea real y llegue a todas y cada una de las familias trabajadoras de Andalucía".

La Mesa de Diálogo Social ya había brindado a Gobierno y agentes económicos y sociales andaluces dos fotos de consenso, en forma de acuerdos para la reactivación económica y social de Andalucía, el 30 de julio de 2020 y el 22 de marzo de 2021.

El Gobierno se ha referido recurrentemente a estos acuerdos para apuntalar la imagen de moderación y talante dialogante del ejecutivo.

Sin embargo, el Gobierno andaluz solo compareció con la representación empresarial a la hora de presentar otros dos paquetes de medidas de importante calado: un acuerdo con CEA, ATA y el Consejo Andaluz de Cámaras en noviembre de 2020 para un plan de apoyo a pymes y autónomos y la puesta de largo este mismo mes de diciembre del Decreto Ley de Simplificación Administrativa.

Nada más empezar el encuentro esta mañana, UGT-A insistió a través de redes sociales de la necesidad de "retomar acuerdos de reactivación económica y empleo, debatir prioridades en los fondos Next Generation y la Ley de Participación Institucional". El matiz que daba a este comentario el verbo "retomar" no era baladí.

Ya el pasado 13 de diciembre, tras un encuentro entre el consejero Elías Bendodo y la secretaria general de CCOO Nuria López, la líder sindical llamó la atención sobre la relación con la Junta. Habló de "momentos fríos" con acuerdos para la reactivación "un poquito parados, en stand by".

El malestar de los sindicatos por el decreto ley de Simplificación era palpable, como se encargaron de afear al Gobierno incluso los grupos de la oposición en el debate parlamentario de convalidación del decreto al día siguiente del encuentro entre Bendodo y López.

La dirigente de CCOO también apuntó tras el encuentro con Bendodo el día 13 la necesidad de que los fondos Next Generation -incluidos en la agenda de la Mesa de hoy- sirviesen para reforzar los servicios públicos.

La nueva reunión de la Mesa de Diálogo ha llegado además en el momento de mayor conflictividad social de la legislatura. La situación de la sanidad, con la no renovación de 8.000 de los 20.000 refuerzos contratados para el SAS durante el Covid justo cuando ha llegado la sexta ola saturando la atención primaria, enfrenta a los sindicatos, que están saliendo a la calle constantemente por este motivo, contra el gobierno andaluz. Y todo en un contexto de elecciones a la vista en el plazo máximo de siete u ocho meses.