El gobernador de Giza anuncia la asignación de un terreno para manifestaciones pacíficas

El gobernador de Giza, Alí Abdel Rahman, ha anunciado este jueves la asignación de un terreno de alrededor de 14.000 metros cuadrados para la celebración de manifestaciones pacíficas, tal y como estipula el recientemente aprobado decreto-ley por el que se limita drásticamente el derecho de manifestación y reunión.

Abdel Rahman ha afirmado que "la zona para protestas" estará ubicada cerca de las pirámides de Giza, al tiempo que ha agregado que en la misma se podrán celebrar manifestaciones, encuentros y procesiones sin notificar a las autoridades con los tres días de antelación requeridos por ley.

Asimismo, ha manifestado que el área tendrá un tamaño suficiente como para permitir la presencia de alrededor de 10.000 personas, al tiempo que ha argumentado que está ubicada lejos de las zonas residenciales para evitar molestias a los residentes, según ha informado la agencia estatal egipcia de noticias, MENA.

La nueva legislación ha provocado una oleada de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW). A las mismas se han sumado el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay.

Además, ha sido criticada por Estados Unidos, que ha afirmado que "quiere que la transición en Egipto hacia una democracia inclusiva tenga éxito". "Pedimos al Gobierno interino que respete los derechos individuales y solicitamos que la nueva Constitución los proteja", dijo.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores egipcio describió las declaraciones de Washington como "una clara injerencia en los asuntos internos del país". "Es normal que todos los países, especialmente los de gran peso internacional, presten atención a los acontecimientos en un país como Egipto, pero eso no permite la violación de ciertas líneas o hacer comentarios de decisiones relacionadas con asuntos internos", remachó.

DURAS SANCIONES

La norma impone duras sanciones económicas para las congregaciones de manifestantes no autorizadas. Además, habilita a las fuerzas de seguridad a emplear balas de goma "sin condiciones" contra los manifestantes.

La ley fue remitida por el Gobierno hace dos semanas al presidente y ha sido muy criticada por los grupos de defensa de los Derechos Humanos, que no han dudado en calificarla de "represiva" puesto que no protege el derecho a la libertad de reunión.

La aprobación de esta ley es especialmente sensible en Egipto, donde desde 2011 las movilizaciones populares y las manifestaciones en las calles han propiciado la caída del Gobierno del expresidente Hosni Mubarak tras décadas en el poder y el derrocamiento del expresidente islamista Mohamed Mursi tras intensas protestas y un golpe de Estado que puso fin a su presidencia el 3 de julio de este año.