Reynders acepta actuar de mediador en la renovación del CGPJ y cita a PP y PSOE el 31 de enero

La renovación del Consejo General del Poder Judicial tendrá ayuda desde Bruselas. Tras varias semanas de incertidumbre, finalmente el comisario de Justicia, Didier Reynders ha aceptado este viernes hacer de mediador entre el PSOE y el Partido Popular para deshacer el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Además ha puesto fecha a la primera reunión, que podría tener lugar en la capital belga el próximo miércoles 31 de enero.

En una carta remitida al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, el comisario belga ha indicado que estará disponible para entablar "un diálogo estructurado". Es así que ha propuesto una reunión "conjunta" en Bruselas el próximo miércoles 31 de enero por la tarde. Fecha ya confirmada por parte del Gobierno.

La Comisión "está preparada para desempeñar su papel y garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE", ha informado el Ejecutivo comunitario. Bruselas, bajo la responsabilidad de Reynders, establecerá este "diálogo estructurado" sobre la aplicación de las recomendaciones de los informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023 para España.

Este diálogo, que a ojos de Bruselas no debería durar más de dos meses, tiene como objetivo "resolver una cuestión que viene de hace tiempo y garantizar la aplicación de las dos partes de la recomendación de la Comisión".

Según han informado fuentes del Gobierno, Bolaños ha transmitido a Reynders su agradecimiento por la "rápida respuesta". El encuentro tendrá lugar a la mayor brevedad posible, según estas fuentes, que no han confirmado si tendrá lugar esta reunión el 31 de enero como propuso el comisario belga.

Desde 2018, España no ha sido capaz de llegar a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un asunto prioritario y sobre el que la Comisión Europea ha hecho hincapié en reiteradas ocasiones porque considera "causa serios problemas en la administración judicial en España".

Hace cinco años que expiró el mandato de Consejo General del Poder Judicial, algo que repercute de forma negativa en el trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial español en su conjunto, según Bruselas. El último intento de acuerdo entre ambos partidos políticos, en octubre de 2022, no fructificó. Es así que el pasado diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo acordaron que la Comisión Europea supervise la renovación del organismo de gobierno de los jueces.

El líder de la oposición planteó que el Ejecutivo comunitario nombre a la persona encargada de mediar en la mesa a tres, con la vista puesta en que esa figura fuera el comisario de Justicia. Una cuestión que la Comisión Europea lleva semanas meditando si actuar de mediador sobre un tema que suscita "máxima preocupación en Bruselas", según ha indicado en no pocas ocasiones.

La petición de Bruselas, en su informe anual del Estado de Derecho de 2022, es que se aborde la renovación "con máxima urgencia" y que inmediatamente después se reforme el sistema de nombramiento de los jueces en línea con los "estándares europeos" para que no menos de la mitad de los jueces sean elegidos por sus colegas de profesión. El riesgo según el Ejecutivo comunitario es que el organismo se vuelva vulnerable a la politización y son varias las voces que han reclamado una reforma del sistema de nombramiento para que la mayoría sea elegida por sus colegas.